El sistema de alertas alimentarias de la Unión Europea (RASFF) ha detectado 17 intercepciones de cítricos procedentes de terceros países en los meses de enero y febrero, debido a la presencia de materias activas no autorizadas o por superar los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos, según informa LA UNIÓ. De estas detecciones, 8 proceden de Egipto y 3 de Turquía, lo que supone que el 65 % de los envíos afectados provienen de estos dos países.
En febrero, cuando Egipto incrementa sus exportaciones de naranjas a la UE, se han identificado 6 materias activas no permitidas en cítricos egipcios, entre ellas dimetoato, clorprofam, fentoato y profenofos, productos cuyo uso está prohibido en la Unión Europea.
Reclaman más controles y restricciones en frontera
Ante esta situación, LA UNIÓ ha solicitado a la Comisión Europea que incremente los controles de identidad y físicos sobre las frutas y hortalizas procedentes de los países con mayor número de intercepciones, como Egipto y Turquía, aumentando el porcentaje de inspecciones al 50 %.
Asimismo, propone que esta medida tenga una duración de un año, y que en caso de que se observe un incremento del 5 % en las alertas sanitarias sobre un producto determinado, se evalúe la posibilidad de suspender temporalmente las importaciones de los productos afectados desde el país en cuestión.
Falta de reciprocidad en los estándares fitosanitarios
Según LA UNIÓ, la Unión Europea sigue sin establecer mecanismos de reciprocidad que garanticen que los productos importados cumplan los mismos estándares fitosanitarios exigidos a los productores comunitarios. La organización considera que la reducción de materias activas permitidas en la UE está generando una desventaja competitiva para los productores europeos, que enfrentan mayores dificultades y costes para el control de plagas y enfermedades.
Además, señala que el control del trips sudafricano ha supuesto un incremento del 40 % en los gastos de producción, mientras que los cítricos importados continúan entrando al mercado europeo sin restricciones equivalentes.
LA UNIÓ insiste en que la normativa debe garantizar que los productos que acceden al mercado europeo cumplen con las mismas exigencias de seguridad alimentaria y sostenibilidad que se aplican a los agricultores de la Unión Europea.
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