La construcción de una gran planta fotovoltaica por parte de Arada Solar, filial de la multinacional noruega Statkraft, en la comarca de la Plana Baixa, podría poner en riesgo alrededor de 126.000 árboles, en su mayoría cítricos en producción, según denuncia LA UNIÓ Llauradora. La organización advierte de que estos cultivos representan un valioso sumidero de CO₂ y desempeñan un papel esencial en la economía agraria local.

Este lunes, LA UNIÓ ha iniciado una campaña de protesta con un acto simbólico en el término municipal de la Vall d’Uixó, donde se ha expresado el rechazo a este proyecto. La acción ha contado con el respaldo de la Plataforma Energía y Territorio de la Plana Baixa.

Una planta de gran envergadura y fuerte impacto territorial

La planta fotovoltaica ocupará terrenos en los municipios de la Vall d’Uixó, Chilches y Moncofa, y contempla también la construcción de una subestación eléctrica y una línea de evacuación de casi 18 km de longitud. Esta infraestructura atravesará los términos municipales de la Vall d’Uixó, Nules, Burriana, Alquerías del Niño Perdido, Vila-real y Betxí, afectando en total unas 280 hectáreas de cultivo, muchas de ellas de regadío con un alto valor agroecológico.

LA UNIÓ advierte de que esta instalación pone en riesgo la producción de cerca de 5 millones de kilos de cítricos, justo en un momento de caída generalizada de las cosechas debido al cambio climático. En este contexto, la organización insiste en que no debe seguir perdiéndose superficie agraria útil en una zona eminentemente citrícola.

Inversiones agrarias en peligro

La organización agraria señala que esta pérdida de suelo cultivable comprometería las inversiones realizadas por agricultores y administraciones públicas en la modernización del regadío. Además, muchos jóvenes agricultores que han apostado por el sector y realizado mejoras en sus explotaciones podrían verse forzados a abandonar la actividad.

Según LA UNIÓ, la promotora del proyecto está contactando con propietarios para la compra o alquiler de terrenos, pero las condiciones económicas ofertadas son muy bajas, especialmente en el caso de arrendamientos, lo que genera un conflicto de intereses con los agricultores que desean mantener la actividad profesional.

Riesgo para las comunidades de regantes

El proyecto también afectaría a las entidades de riego que abastecen esta zona agrícola. LA UNIÓ advierte de que, dada la magnitud del terreno afectado, el desarrollo de esta planta podría poner en peligro la viabilidad de estas comunidades, fundamentales para el sostenimiento de la actividad agrícola en la comarca.