La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA CLM) ha solicitado a la Consejería de Agricultura una revisión técnica de la aplicación de la condicionalidad de la Política Agraria Común (PAC) en zonas especialmente afectadas por la sobrepoblación de conejo silvestre. La organización reclama una solución urgente ante los graves daños que esta fauna está provocando en cultivos herbáceos y leñosos, así como en infraestructuras agrarias.

Según la normativa vigente de la PAC 2023-2027, los beneficiarios deben conservar elementos del paisaje como lindes, setos, muretes o majanos, considerados fundamentales para la biodiversidad. Sin embargo, en muchas zonas de Castilla-La Mancha estos elementos se han convertido en refugios para conejos silvestres, cuya densidad ha alcanzado niveles problemáticos, generando pérdidas constantes para los agricultores.

Proponen una gestión adaptativa bajo control técnico y ambiental

UPA CLM propone que se permita intervenir sobre estos elementos del paisaje en las áreas donde exista un perjuicio probado y continuado, siempre bajo supervisión técnica y ambiental. La organización deja claro que no se trata de eliminar la riqueza paisajística, sino de establecer excepciones justificadas que permitan proteger los cultivos y garantizar la viabilidad económica de las explotaciones.

La propuesta contempla introducir una “gestión adaptativa” que permita, por ejemplo, modificar majanos o setos cuando representen un foco de problemas agrarios. Para ello, solicitan a la Consejería que estudie posibles excepciones dentro del marco técnico de la PAC, acogiéndose a la figura de “fuerza mayor o circunstancias excepcionales” que contempla la normativa europea.

Sostenibilidad ambiental sí, pero con garantías para el agricultor

UPA Castilla-La Mancha insiste en que no se puede exigir a los agricultores que mantengan elementos del paisaje si estos, sin posibilidad de manejo, provocan año tras año daños significativos. La organización considera que la sostenibilidad ambiental debe ir acompañada de condiciones que hagan viable la actividad agraria, y que no puede haber equilibrio si no se permite cierta capacidad de intervención cuando el daño es evidente y recurrente.