ASAJA Alicante ha manifestado su oposición a las ubicaciones propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica para instalar la planta fotovoltaica que debe abastecer de energía a la desaladora de Torrevieja. Según denuncia la organización agraria, los terrenos elegidos afectan a fincas agrícolas de regadío declaradas de interés nacional, protegidas por la Ley 52/1980, de 16 de octubre, relativa al régimen económico de explotación del acueducto Tajo-Segura.

Desde ASAJA advierten de que, en lugar de resolver el problema de abastecimiento energético de la planta, el Gobierno estaría desplazando el conflicto a otra zona, comprometiendo suelos de alta productividad que deberían estar a salvo de este tipo de infraestructuras. La entidad propone en su lugar el uso de terrenos de secano sin protección ambiental, que, según señalan, existen dentro del área seleccionada, por lo que bastaría con realizar un análisis territorial más riguroso.

Para la organización, esta situación se enmarca en una política sistemática que pone en peligro al sector agrario, especialmente al regadío levantino, al que consideran objeto de decisiones que limitan su viabilidad. Entre ellas, mencionan la reducción de caudales procedentes del trasvase Tajo-Segura, que califican como «ideológicos» y ajenos a criterios ecológicos reales.

También critican la falta de avance en las infraestructuras necesarias para el uso del agua desalada, como las conducciones que permitan su distribución efectiva entre los regantes. Según ASAJA, el actual planteamiento del proyecto no es ejecutable desde el punto de vista ambiental y constituye, en sus palabras, una excusa para evitar conectar la desaladora con los canales del trasvase y así dificultar el acceso al agua.

La organización considera inaceptable que se proponga un proyecto cuya ejecución podría incurrir en un delito ambiental, y reclama una revisión urgente del mismo para que no suponga una amenaza para la agricultura productiva de la provincia.