La Fiscalía de Cantabria ha archivado las diligencias abiertas contra la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos y el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio,al no apreciar indicios de delito en las actuaciones del Gobierno autonómico relativas al control poblacional del lobo. El archivo de esta causa respalda la legalidad de las intervenciones llevadas a cabo en la región en materia de gestión del cánido.
Las diligencias se abrieron tras la denuncia que Ecologistas en Acción y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) presentaron contra Susino y Serdio por la autorización y ejecución de la orden para eliminar 41 ejemplares en base al plan de gestión del cánido, por supuestos delitos de prevaricación y contra la fauna.
El cupo de 41 lobos fue establecido por los técnicos de la Consejería tras la salida del lobo del LESPRE y con base en los daños constatados al sector ganadero.
Buena acogida por parte de la Consejería
Desde la Consejería se ha valorado positivamente la resolución del Ministerio Fiscal, reiterando que todas las acciones emprendidas se han ajustado a criterios científicos y técnicos. Según los datos presentados, en la actualidad existen más de 200 ejemplares distribuidos en 23 manadas, lo que supone una presencia del lobo en el 80 % del territorio cántabro, incluyendo áreas costeras. Esta cifra representa un incremento del 92 % en los últimos diez años.
En este contexto, se mantiene la voluntad de seguir aplicando el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, que contempla la posibilidad de realizar extracciones controladas equivalentes al 20 % de la población. Según las autoridades regionales, este nivel de control permite mantener la estabilidad de la especie y hacer posible la convivencia con la actividad ganadera.
Durante el último año, se registraron más de 2.500 ataques atribuidos al lobo, con más de 3.200 animales muertos certificados. Por ello, la Consejería insiste en que la presión predatoria no puede comprometer la viabilidad del sector, considerado estratégico para la comunidad autónoma. El objetivo es preservar el equilibrio entre la conservación del lobo y la protección de la ganadería extensiva en la región.
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