En el ámbito agroalimentario, el asociacionismo ha sido —y continúa siendo— una herramienta esencial para canalizar la interlocución con las administraciones, construir estrategias comunes y defender los intereses del conjunto del sector. Sin embargo, existe una realidad incómoda: hay empresas que deciden no formar parte de sus asociaciones sectoriales y, sin embargo, se benefician ampliamente de todo aquello que estas consiguen para todos.

Es evidente que la pertenencia a una organización empresarial debe ser voluntaria. Nadie discute que el asociacionismo es un derecho y no una obligación. Pero cuando los logros colectivos en regulación, interlocución institucional, promoción o defensa sectorial alcanzan también a quienes no participan ni contribuyen, nos encontramos ante una situación profundamente injusta. Algunas asociaciones prestan servicios específicos a sus socios, pero su razón de ser es otra: actuar como lobby legítimo, representar al sector ante los poderes públicos y defender sus intereses estratégicos. Esta labor —silenciosa, técnica y compleja— solo es posible gracias al esfuerzo y compromiso de las empresas asociadas.

Las administraciones públicas recurren habitualmente a las asociaciones porque necesitan interlocutores estructurados, legitimados y capacitados. No pueden dialogar con cada empresa individualmente, y por eso se apoyan en asociaciones que ofrecen propuestas, conocimiento y representatividad. Sin embargo, ese papel no siempre se ve acompañado por medidas que premien el compromiso de quienes hacen posible esa interlocución. Hubo tiempos en los que la pertenencia a una asociación sectorial era un mérito valorado en convocatorias, premios, ayudas y eventos. Hoy, la tendencia general es tratar por igual a quienes colaboran y a quienes se mantienen al margen, con lo que se termina fomentando una falsa neutralidad que desincentiva el compromiso.

Ante este panorama, es fundamental que las organizaciones empresariales “cúpula” asuman un papel protagonista en la sensibilización, formación y defensa activa del valor del asociacionismo. También sería deseable reforzar la implicación de las empresas ya asociadas, aunque se comprende que el día a día no siempre permite una participación intensa. Lo esencial es mantener viva la conciencia colectiva y no caer en la indiferencia que permite que otros se beneficien sin corresponsabilidad alguna.

Por todo ello, es urgente poner en marcha un Plan de Fomento del Asociacionismo Empresarial que combine medidas de formación y concienciación con acciones concretas de reconocimiento público. Y una parte fundamental de ese plan debe ser dejar en evidencia, con respeto pero con claridad, a las empresas que no se asocian. Porque en muchos casos no se trata de pequeñas estructuras sin medios, sino de compañías con presencia destacada y marcas reconocidas, cuya falta de solidaridad sectorial resulta aún más llamativa. Visibilizar esta actitud no es una medida excluyente, sino un acto de coherencia que el conjunto del tejido empresarial debe empezar a exigir.

Premiar el compromiso no es dividir; es hacer justicia.

El asociacionismo no debe entenderse como un mero canal administrativo, sino como una expresión de madurez empresarial. Respetar la libertad de no asociarse no impide exigir coherencia: los logros colectivos no deberían disfrutarse sin asumir ninguna responsabilidad. Y si como sociedad queremos seguir contando con interlocutores fuertes, legítimos y representativos, es necesario que empecemos a reconocerlo en los hechos, no solo en los discursos.