La Comisión Europea ha presentado esta semana un paquete de medidas para racionalizar y simplificar la legislación de la UE en seguridad alimentaria y de piensos, con el objetivo de reducir cargas administrativas sin modificar los requisitos de protección de la salud y del medio ambiente.
Según la Comisión, la simplificación de las normas de seguridad alimentaria y piensos de la UE podría suponer un ahorro de más de 1.000 M€ en costes de cumplimiento, incluyendo más de 428 M€ anuales para las empresas y 661 M€ anuales para las administraciones nacionales. En términos de trámites, el paquete apunta a un ahorro administrativo anual de 939 M€ para empresas y administraciones.
En el ámbito agrario, la Comisión sostiene que los agricultores podrían disponer de una mayor variedad de insumos para producir alimentos, especialmente en lo relativo a productos innovadores, y que la simplificación favorecería el uso más temprano de soluciones fitosanitarias más respetuosas con el medio ambiente.
Entre las medidas incluidas en el paquete figuran, según detalla la Comisión:
1- Acelerar los procedimientos de acceso al mercado para biopesticidas.
2- Hacer más específicos y ágiles los procedimientos de renovación de plaguicidas y biocidas.
3- Avanzar hacia una alineación de estándares de producción para importaciones en materia de residuos de plaguicidas, con el objetivo de asegurar la igualdad de condiciones, en función de la evaluación de impacto en curso.
4- Flexibilizar la obligación de renovar autorizaciones de aditivos para alimentación animal y avanzar en el etiquetado digital de estos aditivos.
5- Facilitar el acceso al mercado de productos de fermentación.
6- Simplificar las normas de acreditación de los laboratorios oficiales.
7- Aplicar un enfoque más pragmático a los controles fronterizos de productos vegetales.
8- Adaptar requisitos de vigilancia y mitigación de riesgos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) conforme a la evidencia científica.
La Comisión señala que estas medidas responden a peticiones reiteradas de Estados miembros y partes interesadas para clarificar y agilizar procedimientos. La propuesta legislativa pasa ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su tramitación y adopción.
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