Ayer, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente de un real decreto para poner en marcha una regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, con una autorización inicial de residencia de un año.
El proceso se dirige a quienes acrediten al menos cinco meses de permanencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales. También podrán acogerse solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha.
La admisión a trámite permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y en cualquier punto del país, una medida que el Gobierno vincula tanto a la ampliación de derechos para las personas beneficiarias como a una mayor seguridad jurídica para las empresas.
El Ejecutivo prevé que las solicitudes puedan empezar a presentarse a principios de abril, una vez completados los trámites del real decreto, y que el proceso permanezca abierto hasta el 30 de junio. En el caso de los hijos e hijas menores que estén en España, la regularización podrá realizarse de forma simultánea y el permiso previsto sería de cinco años.
Reacciones del sector agrario: mano de obra y contratación con garantías
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) valora de forma positiva el anuncio y lo relaciona con la falta de mano de obra para sacar adelante cosechas y atender la ganadería, además de defender una integración “con derechos y deberes” en el medio rural.
La Unió de Pagesos considera necesaria la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno y reclama que vaya acompañada de medidas para facilitar al agricultor la contratación con garantías, con recursos de acogida, atención, acompañamiento y capacitación orientados a las campañas agrarias. La organización también avisa de que la agilidad administrativa será clave para que el proceso resulte útil de cara a la próxima campaña.
En este contexto, las organizaciones agrarias vinculan la regularización de migrantes para el empleo agrario a la cobertura de vacantes en momentos punta de actividad, en un escenario en el que el acceso a trabajadores sigue siendo una de las demandas recurrentes del sector.
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