Unión de Uniones ha remitido escritos a instituciones ejecutivas y legislativas tanto europeas como españolas para rechazar la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur y reclamar un posicionamiento institucional contrario a que la Comisión Europea lo active antes de que se despejen las dudas jurídicas planteadas en torno al procedimiento.
La organización sitúa el foco en la falta de “seguridad jurídica” del acuerdo tal y como está planteado y considera que la Comisión intenta ponerlo en marcha a toda costa. En ese contexto, recuerda que el 21 de enero de 2026 el Parlamento Europeo aprobó una moción de resolución para solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que examine la compatibilidad del acuerdo con los Tratados, al entender que existen defectos jurídicos estructurales graves que afectan al procedimiento de aprobación.
Unión de Uniones interpreta que esa decisión del Parlamento implica activar un control jurisdiccional y un freno político a su consentimiento hasta que exista plena seguridad jurídica. Por ello, traslada a los eurodiputados que no debería aceptarse que, mientras se pide al TJUE que determine la legalidad del acuerdo, la Comisión lo implante de facto mediante la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur.
La organización detalla que la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur supondría abrir contingentes, activar preferencias arancelarias y generar flujos comerciales inmediatos, consolidando expectativas económicas y contratos. En paralelo, señala que insistir en este camino mientras el Parlamento mantiene dudas, el TJUE no se ha pronunciado y el sector mantiene movilizaciones supone un choque con la representación parlamentaria y con la expresión social.
Entre los impactos agrarios, Unión de Uniones menciona consecuencias directas sobre sectores como vacuno, aves de corral, porcino, arroz, miel o cítricos, y alerta de una competencia que considera estructuralmente desleal por la ausencia de cláusulas espejo efectivas.
En sus escritos, Unión de Uniones también se dirige a la Comisión Europea para reprochar que el diálogo comprometido con el sector no se estaría produciendo, y vincula este punto con la viabilidad de la agricultura y la ganadería en la UE en un marco de transición verde y soberanía alimentaria.
Asimismo, se dirige al Gobierno de España para recordar el compromiso trasladado por su equipo en defensa de las cláusulas espejo en el ámbito europeo, y reclama una posición más firme en esa línea.
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