La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 vuelve a estrechar el margen de muchas explotaciones agrarias en un punto especialmente sensible: el coste laboral sube por norma, pero los precios en origen no se mueven al mismo ritmo. En el campo, donde una parte importante del trabajo se concentra en campañas y la mano de obra es un coste clave en numerosas producciones, el desajuste entre salarios y precio de venta se ha convertido en una de las principales fuentes de tensión económica.
El SMI queda fijado en 1.221€ al mes (en 14 pagas) y, para eventuales y temporeros, en 57,82€ por jornada legal. En un sector muy atomizado y multisectorial, con explotaciones familiares, cooperativas y empresas agrarias repartidas por todo el país, esa cifra se traduce en un coste total superior al salario nominal. ASAJA estima que cada empleado supone ya alrededor de 1.989€ mensuales al sumar salario y cotizaciones, lo que, en su planteamiento, agrava la situación de explotaciones que continúan en pérdidas en parte de los sectores productivos.
La organización recuerda que desde 2018 el SMI habría aumentado cerca de un 66%, desde los 735€ hasta los 1.221€ actuales, mientras que en origen no se habría producido una mejora equivalente en los precios percibidos por agricultores y ganaderos. Como referencia para enmarcar esa discusión, el índice oficial de precios percibidos agrarios del Ministerio de Agricultura refleja una evolución irregular por productos y periodos, sin una traslación automática de los incrementos de costes al primer eslabón.
El cereal es uno de los ejemplos que ASAJA pone sobre la mesa: con cotizaciones contenidas y costes crecientes, muchas explotaciones afrontan la campaña con dificultades para cuadrar números. La misma lectura se extiende a frutas y hortalizas, donde la mano de obra tiene un peso determinante y cualquier escalón salarial repercute de forma directa si no hay un acompañamiento equivalente en el precio de venta.
En el plano laboral, ASAJA vincula esta presión económica con la pérdida de actividad y de empleo, señalando que en 2025 desaparecieron casi 20.000 trabajadores del sector. A ello suma un elemento que, a su juicio, puede intensificar el problema: limitar la compensación y absorción en convenios colectivos, lo que implicaría un incremento adicional de costes en explotaciones que ya operan con márgenes mínimos.
El debate se proyecta sobre un mapa nacional muy diverso: regadíos intensivos y secanos, ganadería extensiva e intensiva, producciones con fuerte contratación de temporeros y otras con plantillas más estables. En ese contexto, ASAJA insiste en que la discusión sobre salarios no puede desligarse de la rentabilidad y de la capacidad del productor para trasladar costes, y reclama medidas que eviten que el ajuste recaiga solo sobre quien produce.
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