La relación comercial entre la UE y América Latina y el Caribe entra, según un informe de prospectiva de la FAO, en una fase en la que el acceso a mercado dependerá cada vez más de estándares ambientales y sociales fijados por los compradores, y de la capacidad de sostenerlos con instituciones, datos y mecanismos de control. El documento sitúa esa presión regulatoria dentro de una agenda comercial “más moderna” y más consciente de la sostenibilidad, con acuerdos de mayor tamaño y ambiciones de convergencia regulatoria e integración en cadenas de valor.
En ese marco, la FAO subraya que los grandes exportadores de la región necesitan adaptar sus cadenas a cambios en estándares ambientales y sociales impuestos por países importadores y, a la vez, diversificar sus economías. El informe plantea también un equilibrio político delicado: combinar apertura comercial para generar divisas con medidas de protección estratégica orientadas a favorecer “industrias incipientes” que permitan diversificación y resiliencia a largo plazo.
Reglamento europeo de productos libres de deforestación
La FAO utiliza el Reglamento europeo de productos libres de deforestación (EUDR) como ejemplo de cómo se endurecen las condiciones de acceso al mercado comunitario. En su descripción, el EUDR combina obligaciones de diligencia debida con un sistema de “benchmarking” que clasifica a los países (o partes de ellos) por nivel de riesgo de deforestación para modular la intensidad de los controles y las comprobaciones exigidas. Dentro de su perímetro incluye vacuno, soja, aceite de palma, madera, cacao y café, además de derivados y subproductos, y prevé impedir la entrada y la puesta en el mercado de la UE de mercancías que no sean libres de deforestación.
En cuanto al calendario, la aplicación de estas obligaciones estaba prevista antes y se ha aplazado. Con la planificación vigente, las principales obligaciones comenzarán el 30 de diciembre de 2026 para operadores medianos y grandes, y el 30 de junio de 2027 para micro y pequeñas empresas.
Trazabilidad pública
Lo relevante del informe no es tanto la lista de productos como lo que identifica como cuello de botella en origen. La FAO advierte de que no se han priorizado sistemas públicos de trazabilidad que, además de los usos fitosanitarios, sirvan para responder a retos comerciales internacionales emergentes. Según el documento, los gobiernos solo han vinculado parcialmente esa trazabilidad pública a objetivos ambientales (por ejemplo, productos sin deforestación), justicia social y servicios públicos como la asistencia técnica.
El informe añade dos derivadas prácticas. Por un lado, alerta de que la falta de recursos para implantar trazabilidad privada puede perpetuar un dualismo entre pequeños agricultores y grandes corporaciones con capacidad de inversión. Por otro, señala que la región no ha cartografiado y actualizado de forma regular los catastros rurales pese a la disponibilidad de tecnologías satelitales y geoespaciales, lo que debilita la seguridad en la tenencia, complica la planificación territorial y limita el acceso a crédito y programas públicos; en su análisis, estas lagunas de información alimentan disputas, desincentivan inversión y erosionan la gestión ambiental.
Mercosur
El informe encuadra el acuerdo UE–Mercosur dentro de esa agenda comercial y recoge que se firmó con el objetivo de eliminar aranceles en bienes industriales y agrícolas e incorporar cláusulas de sostenibilidad, incluido el compromiso con el Acuerdo de París y frenar la deforestación en 2030, además de abrir servicios y contratación pública. La FAO subraya que el resultado dependerá de los mecanismos de gobernanza para monitorizar, gestionar y hacer cumplir estos acuerdos, o revisarlos si fuese necesario.
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