El Tribunal Correccional de Marsella ha abierto el juicio contra siete personas acusadas de traficar con fitosanitarios ilegales entre 2018 y 2024, importados principalmente desde España bajo facturas falsas. El caso reabre el debate sobre la asimetría regulatoria que permite comercializar en la UE sustancias vetadas en Francia.
La red desarticulada operaba mediante la importación de pesticidas desde España, Grecia y Rumanía, introduciéndolos en el circuito agrícola francés con facturas que los declaraban como abonos o fertilizantes. Los siete acusados —seis agricultores de gran escala y un intermediario comercial del Gard— habrían utilizado 3,5 toneladas de productos fraudulentos en 4.000 hectáreas de cultivo a lo largo de seis años. La vista oral se inició el pasado 12 de enero en Marsella.
Entre las sustancias identificadas figura el carfentrazone-etilo, un herbicida prohibido en Francia. Los cultivos afectados son lechuga, melón, alcachofa, arroz, trigo, tomate, manzana y pera. Una parte significativa de esa producción llegaba a empresas de referencia en la distribución organizada francesa y al sector de la cuarta gama, lo que sitúa los productos tratados con esos fitosanitarios en lineales de supermercado y en la cadena de suministro de alimentos procesados. La fiscalía solicita penas de hasta 10 meses de prisión firme y multas de considerable cuantía, fundamentadas en el riesgo sanitario generado y en el daño ambiental estimado.
El perfil del intermediario principal añade gravedad al caso. Se trata de un vecino del Gard de 78 años con antecedentes por delitos similares: ya fue condenado en Normandía a seis meses de prisión y 50.000 euros de multa por hechos de la misma naturaleza. La reincidencia apunta a que las sanciones previas no resultaron suficiente elemento disuasorio, un extremo que previsiblemente pesará en la valoración del tribunal.
Una brecha en la normativa europea
Más allá de los hechos concretos que se juzgan, el caso ha vuelto a poner sobre la mesa una contradicción estructural del mercado único: determinadas sustancias fitosanitarias están prohibidas en Francia pero se producen, venden y exportan con total legalidad desde otros Estados miembros. France Nature Environnement ha señalado durante el proceso que esta situación no es una anomalía puntual sino una falla sistémica de la regulación europea, que facilita tanto el fraude directo como la competencia desleal entre productores de distintos países.
El argumento no es nuevo en los foros agrarios, pero el juicio de Marsella le ha dado una dimensión judicial concreta. Organizaciones como la Confédération Paysanne llevan tiempo reclamando al Gobierno francés una ley de soberanía agrícola cuyo eje sea la prohibición de comercializar en el país cualquier alimento tratado con pesticidas no autorizados en territorio nacional, con independencia de su origen. La medida perseguiría un doble objetivo: corregir la asimetría competitiva que penaliza a los productores franceses, obligados a respetar restricciones que sus competidores de otros países no tienen, y reforzar las garantías sanitarias para los consumidores.
La propuesta choca con la lógica de libre circulación de mercancías que rige el mercado interior europeo, lo que hace improbable su traslado directo a escala comunitaria sin una reforma de mayor calado. Sin embargo, sus impulsores consideran que casos como el de Marsella demuestran que la armonización fitosanitaria en la UE presenta lagunas que los marcos nacionales deberían poder corregir. El debate, en todo caso, trasciende las fronteras francesas: afecta directamente a los productores españoles, señalados en este proceso como origen de parte de los productos ilegales, y al conjunto del sector hortofrutícola europeo.
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