El nuevo Govern Catalán ha aprobado un Proyecto de ley de cambio climático cuyas finalidades son reducir tanto las emisiones de gases de efecto invernadero, como mejorar la adaptación a los impactos del cambio climático. El documento, que fue redactado durante la anterior legislatura por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, pretende ser la herramienta que de cohesión a los planes y estrategias existentes en la comunidad catalana. No obstante, tras una valoración inicial hecha a partir del documento original [1], Amigos de la Tierra critica su marcado carácter recaudatorio.

Según Hector de Prado, responsable de Clima y Energía en la organización “son leyes como esta las que estigmatizan la lucha contra el cambio climático. Es necesario establecer medidas para reducir las emisiones procedentes del tráfico rodado, sin embargo un transporte menos contaminante no implica necesariamente pagar más impuestos, se han de fomentar alternativas como el transporte público, la bicicleta o favorecer los coches eléctricos. Además es indispensable hacer más hincapié en medidas que garanticen menos emisiones en el resto de sectores”. Según su opinión, “si llevar a cabo medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, pasa simplemente por promover nuevos impuestos entre los ciudadanos de a pie, es que no hemos entendido nada”.

Según la nueva Ley, en 2018 se empezarán a tasar los vehículos más contaminantes, con emisión de más de 160 gramos de CO2 por kilómetro. Y en 2020, se aplicará a todo el mundo. De esta manera, cualquier residente catalán con un turismo de la categoría M1, o un comercial ligero de la categoría N1, que sobrepase los 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, tendrá que abonar anualmente una tasa por transitar en Cataluña. Esto representará de media, entre uno y cinco euros anuales para los vehículos menos contaminantes. Y por encima de diez para los vehículos más antiguos o contaminantes.

De Prado afirma que “a pesar de las buenas intenciones que se desprenden a lo largo del documento, existen otras maneras más efectivas de hacer frente al cambio climático sin la necesidad de añadir un cuota tributaria al ciudadano de a pie, o apoyarse en el comercio de emisiones”. Y añade que “si bien las emisiones derivadas del transporte no son nada desdeñables, donde realmente queda mucho trabajo por hacer, es en el campo del ahorro energético en viviendas o en la ganadería”.

El documento confirma la creación de un “Fondo climático” para hacer frente, entre otros temas ambientales, a la mejora del sistema energético. No obstante, no aparecen reflejadas ni la priorización de estas acciones, ni las cantidades que se necesitarían para lograr alcanzar el 25% de reducción para 2020 respecto al año base de 2005.

Desde 2009, Amigos de la Tierra sigue de cerca el debate y desarrollo de Leyes de cambio climático en el Estado español y en el resto del mundo. Precisamente en junio de 2010 hizo pública la aparición de un informe llamado “Oportunidades para una ley de cambio climático en el Estado español basada en presupuestos de carbono” que ponía de relieve la necesidad de leyes transversales para hacer frente al cambio climático de manera coordinada [2]. En la publicación se hacía especial hincapié en el mecanismo de los presupuestos de carbono, metodología que lleva años en funcionamiento en el Reino Unido.

“Los presupuestos de carbono sí nos parece una buena medida, porque establecen topes de emisiones a cada uno de los sectores durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo cada tres años. De esta manera dispondríamos de un mecanismo de reducción independiente, seguro y controlado que proporcionaría un escenario económicamente predecible a muy largo plazo, al tiempo que daríamos un respiro al contribuyente”.