En Italia se está debatiendo una decreto sobre las penalizaciones que tienen que imponerse por el incumpliento y fraude en el etiquetado del origen del aceite de oliva. Este proyecto de decreto está generando muchísima polémica en Italia. Según el texto actual, los incumplimientos del etiquetado se castigarían con una sanción administrativa, que puede oscilar entre 1.500 y 9.500 €.

Para los agricultores y los envasadores, los fraudes en el etiquetado tienen que considerarse un delito penal. Consideran que dichos fraudes minan la confianza del consumidor en el origen «Made in Italy», no solo en el consumidor italiano, sino también en el consumidor internacional, e incluso en mayor medida.

La vicepresidente de la Comisión de la Agricultura de la Cámara, Colomba Mongiello, recuerda que el recientemente destapado fraude en Bari movía 10 millones de euros, por lo que para estas cifras un sanción de 9.500 euros (la más alta que se puede poner) no es en absoluto, una medida disuasoria.

La polémica ha provocado que el Ministerio italiano de Agricultura publicara una nota de prensa en la que dicen que el decreto incrementa en gran medida las sanciones administrativas y prevé sanciones adicionales para casos actualmente no castigados. Además, señalan que en el caso de detección de infracciones penales, éstas se aplicaron. Esta aclaración no ha satisfecho al sector.