La asfixiante ola de calor que azota a toda España desde hace ya muchos días ha elevado el riesgo de incendios forestales en nuestro país hasta la alerta máxima. En estas circunstancias, el peor incendio en lo que va de año, situado en las Cinco Villas de la comunidad aragonesa, ha arrasado casi 14.000 hectáreas de cereal de secano y pino carrasco, además de movilizar a unos 300 efectivos que trabajan en su ya fase de extinción, y obligar al desalojo de unas 1.500 personas.

La causante del fuego, una chispa procedente de maquinaria agrícola, ha puesto en alerta a los expertos en incendios del Colegio de Ingenieros de Montes, conocedores de las diferentes normativas que regulan las situaciones de riesgo en cada comunidad autónoma, como la interfaz agrícola-forestal o la interfaz urbano-forestal.

A Carlos del Álamo, decano del Colegio, le preocupa que “desde hace varios años destaca la problemática de la interfaz agrícola- forestal, en la que producen muchos incendios que se han iniciado en terreno agrícola, y muchas veces debido al uso incorrecto de maquinaria”. De hecho, un nuevo incendio producido ayer en la localidad madrileña de Humanes y que ha arrasado 700 hectáreas, ha tenido su origen en una cosechadora.

Ignacio Pérez-Soba, decano autonómico del Colegio en Aragón, recuerda que “las imprudencias agrícolas y ganaderas son la segunda causa de incendios en la comunidad autónoma, después de los rayos”.

Por eso Del Álamo considera necesaria una reflexión inmediata sobre una nueva regulación en la que trabajen todos los implicados en el desarrollo de su actividad, desde quien cosecha y quien fabrica hasta las administraciones. “El Colegio planea, con este objetivo, la creación inminente de un grupo de trabajo que integre a expertos ingenieros de montes y a representantes de cada grupo implicado en la agricultura, desde fabricantes de maquinaria agrícola que puedan implementar mejoras de seguridad en la producción, hasta los propios agricultores, gestores de la ITV que garanticen las exigencias de seguridad necesarias, o aseguradoras, para mejorar las condiciones de seguridad pasiva en este tipo de maquinaria”. La idea es desarrollar inicialmente una serie de recomendaciones, y posteriormente involucrar a las Direcciones Generales de Industria competentes para regularlo legalmente, “y tratar de establecer un freno a esta preocupante causa de incendios forestales”.

Precisamente la Comunidad de Madrid publicó con fecha 31 de mayo de este año una resolución con la normativa obligatoria para el uso de maquinaria agrícola en áreas cercanas a zonas forestales y en época de elevado riesgo de incendios forestales. La Comunidad establece así una serie de normas de seguridad que se deben observar en el uso de maquinaria y equipos en terrenos agrícolas, dentro de la franja situada a menos de 200 metros de las zonas forestales de la región. Exime de solicitar permiso para utilizar maquinaria en el área descrita, pero obliga al agricultor al cumplimiento de una serie de condiciones de seguridad, entre las que se encuentran la obligatoriedad de que la siega o desbroce mecánico comience con una pasada de limpieza perimetral iniciada en la parte contraria a la de la procedencia del viento, o la necesidad de portar un número determinado de batefuegos y extintores en función del tipo de máquina.

El reto está además, mantiene Del Álamo, en “garantizar que esa normativa de seguridad se cumpla”.