Unión de Uniones de Castilla-La Mancha saluda el nombramiento de Francisco Martínez Arroyo al frente de la Consejería de Agricultura con positiva expectación dada su experiencia y conocimientos en materia de agricultura y desarrollo rural. La organización considera que tiene por delante asignaturas pendientes fundamentales como la aprobación y puesta en marcha del nuevo Plan de Desarrollo Rural, los próximos presupuestos, la política regional de agua y la rentabilización de nuestro viñedo. Retos complicados que la organización confía en que se afronten desde el diálogo y el consenso con el sector.
Las dos cuestiones de mayor transcendencia que de manera inmediata Martínez Arroyo va a tener que abordar desde sus nuevas responsabilidades como Consejero de Agricultura suponen además, en opinión de la organización, dos piedras de toque sobre sus líneas de Gobierno: la aprobación del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha, cuyo visto bueno por Bruselas aún sigue como asignatura pendiente; y la elaboración de los próximos presupuestos de Agricultura.
Respecto del PDR, al margen de conseguir desbloquear su situación en las instancias comunitarias cuanto antes, queda la redacción de las diferentes normas que desarrollarán en la región cada una de las medidas incluidas en el Plan y en las que la Consejería podrá, dentro de sus márgenes de competencia, fijar sus prioridades. Muy ligado al PDR, que supone la orientación estratégica de toda la política de estructuras agrarias, agroalimentarias y de desarrollo rural para los próximos años, está su programación financiera, que tendrá que plantearse ya desde 2016 con el fin de que rentabilizar con una aportación regional adecuada el máximo de recursos comunitarios y estatales.
La Unión de Uniones es consciente de que la Política Agraria Común establece unos parámetros de actuación en relación a los cuales es exigible a la Consejería de Agricultura una gestión eficaz, ágil y transparente de los fondos de ayudas agrarias europeas y ejercer su influencia como región de indudable peso agrario para que las decisiones que se tomen a nivel europeo y estatal se acomoden lo mejor posible a nuestro sector agrario y agroalimentario. Pero también recuerda que las competencias en materia de agricultura están transferidas a la Comunidad Autónoma y que el Ejecutivo Regional es más que un simple gestor, por ello espera que se pongan en marcha políticas propias de apoyo a la renta de los profesionales del sector en materia de vertebración de sectores, seguros agrarios, sanidad animal y vegetal e investigación, por ejemplo.
Como otras asignaturas pendientes de resolver, fundamentales para la región y a las que el nuevo Gobierno y el Consejero de Agricultura tendrán que aplicarse, están una política de Agua cuyo centro de gravedad vuelva a estar sobre los intereses de la región y que ponga recursos de regadío suficientes a disposición de nuestros agricultores y la rentabilización del medio millón de hectáreas de viñedo de los viticultores castellano-manchegos que, pese a los records de exportación de vino, están percibiendo por la uva precios por debajo de sus costes de producción.
Por último, Unión de Uniones confía en que en esta nueva etapa el diálogo con los agentes sociales y la interlocución institucional franca y abierta sean las pautas habituales de comportamiento político en la Consejería de Agricultura, porque ello redundará sin duda en la definición de una acción de gobierno más cercana a las necesidades de los administrados, y en este caso y en lo que respecta a Unión de Uniones, los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.
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