La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, ha participado en la reunión que el viernes mantuvo la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, con las organizaciones agrarias.

En este encuentro, el Secretario General de COAG Andalucía, Miguel López, trasladará a la Presidenta la necesidad de desarrollar la Ley Agraria de Andalucía, que esta organización planteó como propuesta a los principales grupos políticos que concurrían a las pasadas elecciones, y que el PSOE incorporó literalmente a su programa electoral. Por ello, COAG trasladará a la Presidenta la necesidad de convertir a la agricultura en un pilar de su gestión, convirtiéndolo en una de las banderas de la misma, junto a los servicios sociales, la sanidad o la educación.

“La actividad agraria es estratégica para Andalucía, en un doble sentido, social y económico”, ha declarado Miguel López. La agricultura y la ganadería vertebran el territorio y generan economía y empleo en el medio rural, en el que vive el 57% de la población andaluza. Andalucía tiene todo para ser un referente agrario en España y en Europa, por eso necesitamos una apuesta política fuerte del futuro gobierno andaluz”.

Esta organización agraria recuerda que, aunque en materia agraria hay muchas cuestiones que vienen impuestas desde Bruselas o desde Madrid, Andalucía tiene margen para hacer política propia. En ese sentido, COAG ha recordado que los grandes objetivos pasan por mejorar las estructuras agrarias, avanzando en la profesionalización del sector, en la transferencia de tecnología y garantizando el relevo generacional con medidas eficaces de incorporación de jóvenes; promover la transformación vinculada la producción y mejorar los canales de distribución y comercialización para facilitar que el valor añadido revierta en Andalucía.

Este carácter esencial que la actividad agraria tiene para Andalucía se ve reflejado en el Estatuto de Autonomía, que concede a la Comunidad competencias exclusivas en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural y, en el marco de la planificación general de la economía, sobre la ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero y agroalimentario, la mejora y ordenación de las explotaciones; la regulación de los procesos productivos, la lucha contra los fraudes en el ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria, la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica agrícola o el desarrollo rural integral y sostenible.