El PE estudiará la queja presentada por el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro contra las medidas de protección medioambiental impuestas por la Generalitat de Cataluña en un área de secano que iba a beneficiarse de la construcción del canal de regadío Segarra-Garrigues en Lérida. Los denunciantes señalan que las restricciones afectan a 42.000 de las 70.000 hectáreas que pretende abarcar el proyecto, lo que a juicio del peticionario origina unos perjuicios económicos y sociales superiores a los beneficios ambientales.

La Asociación Valenciana de Agricultores ASAJA acude a la Comisión de Peticiones para solicitar que, ante la futura entrada en vigor de una regulación fitosanitaria más estricta en la UE, determinados productos fitosanitarios retirados del mercado vuelvan a ser incluidos en la lista de autorizados. Consideran que varias de las sustancias prohibidas son fundamentales para hacer frente a las nuevas plagas que afectan al territorio comunitario.

A su vez, piden que el concepto de tolerancia a la importación (recogido en el Reglamento 396/2005) no sea aplicable y que todos los agentes comerciales o productivos que operan en el conjunto del territorio de la Unión se sometan a las mismas reglas, así pues los productos vegetales deberían tener independientemente de su origen los mismos límites de residuos de plaguicidas.