La Consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, ha apoyado la posición del Ministerio de Agricultura de oponerse a que la reserva de crisis sea utilizada para pagar las medidas comunitarias, instauradas para aliviar el impacto del veto ruso. Dos son los motivos fundamentales que justifican esta posición. Por un lado, porque el sector agrario no debe financiar una crisis que se ha originado por una causa política. Por otro, porque la reserva de crisis quedaría muy diezmada y sin fondos suficientes para poder hacer frente a alguna crisis agraria que se pudiera producir a lo largo de 2015. Así lo ha manifestado la Consejera a la salida del Comité Consultivo que se celebró ayer en Madrid, quien ha recordado que Castilla y León se ha visto poco afectada por el veto ruso, ya que las exportaciones a Rusia han sido tradicionalmente muy reducidas.

En la Conferencia Sectorial que también se celebró ayer en Madrid se han territorializado fondos para poder pagar las líneas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de diferentes CCAA. El PDR de Castilla y León se eleva a los 1.800 millones de euros, que es después del de Andalucía, el que más recursos totales tiene. Castilla y León es la CA con un mayor grado de ejecución de los PDR, con un 83%, 6 puntos por encima de la media. La Consejera Clemente ha recordado que en estos momentos se llevan pagados más de 1.500 millones de euros. Ayer el Ministerio asignó a Castilla y León 3,5 millones de euros, lo que va a permitir efectuar pagos por unos casi 15 millones de euros, teniendo en cuenta los fondos FEADER y la aportación de la Comunidad Autónoma. Ya hay expedientes preparados para pagar, relativos a modernización de explotaciones, medidas agroambientales y cese anticipado.