La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) muestra su preocupación por la inquietante tendencia a la baja que han experimentado los precios de la leche en el campo desde enero de 2014, (-18,7%) y denuncia las inasumibles rebajas anunciadas por la industria para el mes de agosto, que dejarían el litro entre 0,32€-0,34€ según zonas, cifras que sitúan las explotaciones en el umbral de la rentabilidad. “A todo ello hay que sumar los efectos del veto ruso en la cotizaciones internacionales de los productos lácteos, que ya se están presionando a la baja a los precios percibidos por los ganaderos europeos, caso de Alemania y Reino Unido”, ha alertado Andoni García, responsable de Acción Sindical de COAG, a lo que ha añadido; “en el Estado español el impacto del veto ruso puede venir en forma de excedentes de leche líquida de aquellos países de centro Europa que están más afectados por el embargo. Somos deficitarios en leche y la importación a bajo precio puede provocar un desplome mayor de los precios percibidos por el ganadero”.
En este sentido, COAG considera que las medidas propuestas hasta el momento por la Bruselas para compensar los efectos del veto de Rusia resultan claramente insuficientes y, por ello, ha solicitado por carta a la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que interceda ante la Comisión Europea para reclamar la puesta en marcha de medidas adicionales temporales que contemplen los siguientes aspectos:
– Revisión y actualización de los precios de intervención pública de la mantequilla y la leche desnatada en polvo para que cubran, al menos, los costes de producción de los ganaderos.
– Impulso de un plan de reducción voluntaria indemnizada de la producción a nivel de explotación en el marco de la UE. Se trataría de una medida coordinada entre los 28 EEMM de la UE y en la que se respetarían unos compromisos mínimos de reducción de la producción en cada país. El objetivo sería que los ganaderos pudieran acogerse a este plan voluntariamente, pero respetando una coordinación a nivel comunitario que garantizase que ningún país redujera sus volúmenes en tal medida que implicara un riesgo de ejercer de “sumidero” del resto de producciones europeas.
– Compensación económica con fondos públicos para aquellos productores que, por efecto de la crisis, comiencen a ver comprometido el nivel de rentabilidad de sus producciones.
– Envío de alimentos a países en situación de emergencia humanitaria o a las redes de Bancos de Alimentos estatales dentro de la propia UE.
– En el caso del mercado interno español, además, sería conveniente instar a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a realizar investigaciones sobre los procedimientos y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de los agentes de la cadena láctea (incluyendo a la industria transformadora).
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