La sectorial vitivinícola de la Unión de uniones reunida en Madrid considera que la reducción de las ayudas a la reconversión varietal y a la reestructuración de viñedo que se observan en la legislación de aplicación en las distintas CCAA supone una penalización injustificada para los viticultores que no cuenta ni con base legal ni con justificación económica suficiente.
Ni el Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español, ni las instrucciones del FEGA sobre Control de la ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos amparan esta discriminación.
Las interpretaciones que tratan de justificar este agravio, tampoco se ajustan a derecho puesto que no aseguran la obligatoriedad que los EEMM tiene a la hora de aplicar los Programas de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASV) de que su ejecución se lleve a cabo de manera objetiva, teniendo en cuenta la situación económica de los productores interesados y la necesidad de evitar un trato desigual injustificado entre los viticultores acogidos a estos programas.
Por otra parte, la Unión considera que no ha habido un análisis agronómico serio que permita esta diferenciación en costes que conlleva desarrollar las tareas por parte de una empresa o bien por parte del propio viticultor.
Esta discriminación se constata en las Órdenes y Resoluciones de Cataluña, Valencia, Extremadura y La Rioja. No existe ninguna justificación económica del coste/hora de la mano de obra propia respecto a la contratada. Por tanto, es conveniente que se elimine esta diferenciación entre tareas realizadas con medios propios o con la contratación de terceras personas.
No es entendible que el trabajo de un viticultor valga menos, que si se contrata a un tercero porque lo más lógico siempre es que un profesional se haga sus labores del campo para cumplir con la reestructuración sin necesidad de contratar a nadie más.
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