. La avicultura de carne es uno de los sectores ganaderos más dinámicos de España. La producción de carne de pollo genera más de 50.000 empleos en nuestro país, produce 11 millones de animales a la semana y factura 1.300 millones de euros al año. Sin embargo, desde 2005, un 20% de las granjas ha echado el cierre, pasando de 6.000 explotaciones a menos de 5.000 en la actualidad.
Con el objetivo de asegurar el futuro de los ganaderos de pollos, la organización agraria UPA lleva varios meses en negociaciones con el resto del sector y la patronal Propollo para articular un nuevo modelo de contrato que regule las relaciones entre las partes.
En la negociación se han tratado aspectos relacionados con el bienestar de los animales y la influencia de los costes de producción en el precio de la carne, fundamentalmente el gasto en alimentación o el precio de la electricidad y el propano. Igualmente se ha avanzado sobre la necesidad de asegurar a los ganaderos un mínimo de producción anual, mediante la realización de al menos cinco crianzas o camadas al año.
UPA ha explicado que los ganaderos han conseguido introducir “algunas reivindicaciones históricas”, como la inclusión de los costes de producción en las liquidaciones de los ganaderos. Aunque advierten de que es necesario aclarar aspectos como la gestión de los medicamentos, las labores de carga, la garantía del pienso o de los “pollitos de un día”. Por lo que las negociaciones sobre el nuevo contrato “aún no están cerradas”.
“En este momento es necesario alcanzar un acuerdo de mínimos, que permita asegurar la viabilidad del sector en el futuro”, ha explicado el secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla. “Es fundamental que las empresas de la distribución dejen de usar el pollo como producto reclamo. Si siguen banalizando así el producto, prevemos que podrían desaparecer hasta 10.000 empleos”, ha declarado Santalla. “Denunciaremos ante la agencia AICA cualquier práctica abusiva que detectemos”, advierten.
UPA ha mostrado también su apoyo a que la avicultura de carne figure como prioritaria en los nuevos programas de desarrollo rural de las Comunidades Autónomas, además de plantear la necesidad de reducir el coste del seguro de retirada de animales muertos en granja, cuyo coste se ha disparado este último año.
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