El agua, al margen de su indiscutible valor como fuente de vida y elemento de bienestar, significa también, desde los albores de la Historia, un factor económico de incuestionable trascendencia. Hoy día, ese papel del agua como elemento imprescindible para todo desarrollo económico no ha hecho sino reforzarse.
En el caso de la provincia de Huelva y en el contexto de los profundos cambios que se han operado recientemente en su tejido productivo, inmerso en una profunda y prolongada crisis nacional, el agua ha cobrado una creciente importancia como motor económico, toda vez que los sectores de producción que dependen directamente de ella –industria, agricultura y turismo- significan bastante más de la mitad de los empleos provinciales y de la aportación al Producto Interior Bruto; por su parte, el sector de los servicios, responsable de casi el resto de la economía provincial, depende en gran medida de la buena marcha de las actividades económicas antes citadas.
El desarrollo de la economía de Huelva y las posibilidades de sacar a algunas de sus comarcas de su actual situación de postración social y económica dependen en gran medida de la disponibilidad de recursos hidráulicos para sus sectores estratégicos; disponibilidad que hoy, lejos de aquellos días de zozobra e incertidumbre, arroja consolidadas esperanzas sobre el porvenir.
No por ello debemos abandonar nuestra histórica reivindicación por las inversiones públicas en obras hidráulicas que permitan garantizar aún más si cabe las previstas demandas de agua. Por señalar algunas de ellas, sirva citar el recrecimiento del embalse del Andévalo, el desdoble del túnel de San Silvestre, el desdoble de Bocachanza o las presas de Alcolea y Coronada.
De manera categórica, desde hace años en la Demarcación Hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras DHTOP los consumos de agua no paran de crecer, correspondiendo a los regadíos el 70% de su volumen total y el resto básicamente a los usuarios urbanos, pues los usuarios industriales alcanzan un escaso 5%. A ello se suma la creación de innumerables puestos de trabajo, aspecto este último que debemos valorar como crucial para mantener la paz social. Nadie pone en duda que los regadíos y, en los meses estivales, el turismo, son los únicos sectores productivos que consiguen rebajar año tras año las interminables colas del paro en esta provincia.
Conscientes de la necesidad de armonizar los crecimientos de los consumos y las disponibilidades de recursos, las comunidades de regantes, únicos representantes de los regadíos, llevan años exigiendo a la Administración Hidráulica el otorgamiento de las concesiones definitivas de aguas superficiales para la totalidad de las parcelas inscritas en sus respectivos ámbitos territoriales.
Han sido muy importantes las inversiones realizadas por sus comuneros, con y sin ayudas públicas, y grandes las esperanzas creadas entre una población aferrada a una de las escasas oportunidades que tiene para salir del largo túnel de la crisis económica: la agricultura de regadío.
Las comunidades de regantes que suscriben este documento manifiestan su denuncia por la arbitrariedad con que las Administraciones competentes intentan hacer del reparto de los recursos hídricos, al pretender convertirlo en un eficaz instrumento en busca del rédito político. En este sentido, al prometer más agua de la que se dispone no han dudado en otorgar dotaciones por cultivo claramente insuficientes –así lo demuestra una infinidad de informes técnicos- para garantizar la calidad y cantidad de la producción, medida que pone en serio peligro el futuro de sectores tan vitales para Huelva como los berrys, cítricos y frutales de hueso.
Creemos que existen otros criterios de reparto mucho más acordes con la realidad del regadío onubense. El objetivo final de cualquier otorgamiento de concesiones definitivas no es otro que consolidar lo existente, pasando de un régimen de precario a uno definitivo. Así se garantizará la seguridad jurídica, vital para propiciar la inversión en la modernización de las instalaciones. Por el contrario, crear nuevas expectativas lo único que consigue es estresar el sistema hidráulico a costa de prometer falsas esperanzas a los empresarios agrícolas. Desde el año 2006 la Administración Andaluza tiene conocimiento de manera oficial de esta otra manera de repartir el agua planteada por las comunidades de regantes de la DHTOPy que hoy día está plenamente vigente. Una propuesta de distribución que pasa básicamente por consolidar los regadíos en aquellas superficies actualmente en riego o que cuenten con infraestructuras hidráulicas de distribución de agua totalmente terminadas; para continuar con aquellas otras que tienen infraestructuras en fase de ejecución y seguidamente con las que hayan iniciado la tramitación de las mismas.
Por último, si continuaran existiendo recursos disponibles tendrá derecho a la concesión cualquier otra iniciativa adscrita a la DHTOP. En este sentido, hay que afirmar que los regantes siempre seremos solidarios con las necesidades de abastecimiento de poblaciones que se presenten fuera de esta demarcación hidrográfica, pero a la hora de considerar el agua como un factor productivo seremos absolutamente beligerantes respecto a la eficiencia social y económica de su utilización. A estas propuestas se suma la reclamación de concesiones de dotaciones suficientes por hectárea para que el campo onubense pueda continuar siendo el pilar básico de la economía y de la sociedad de esta provincia. Por ello y de acuerdo con las alegaciones presentadas al Plan Hidrológico de Demarcación, la única dotación de agua aceptada por los regantes es la de 6.000 m3/Ha. con independencia del cultivo al que se destine.
Las comunidades de regantes necesitan asegurar de manera oficial el agua, por lo que instamos a la Administración Andaluza a que haga suya nuestras reivindicaciones y con la máxima urgencia otorgue aquellas concesiones que permitan garantizar el futuro del regadío de nuestra provincia; y a las instituciones y fuerzas políticas, económicas y sociales, a que apoyen con decisión los esfuerzos que los regantes vamos a desplegar en defensa del desarrollo económico y las condiciones de vida más dignas para Huelva y los onubenses.
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