Los europarlamentarios se han mostrado favorables a que se luche contra las importaciones objeto de dumping y subvencionadas procedentes de terceros países. Además han instado a la Comisión Europea a redefinir su método de cálculo de los derechos antidumping para tener en cuenta las preocupaciones medioambientales, sociales y de desarrollo, así como para ayudar a las pequeñas empresas comunitarias. Así se han manifestado esta semana en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, aprobando un informe presentado por el sueco Christofer Fjellner (EPP, SE),, con 24 votos a favor y 6 en contra.
En eurodiputados proponen que la UE imponga aranceles más severos a los productos importados subvencionados u objeto de dumping si el país exportador no tiene un nivel suficiente de normas sociales y ambientales, las cuales se podrían juzgar en base a convenciones de medio ambiente y derecho laboral. Al mismo tiempo, la UE debe aplicar derechos más moderados cuando las importaciones subvencionadas provienen de un país menos desarrollado que deseen cumplir con sus «objetivos legítimos de desarrollo».
Los eurodiputados también proponen la creación de una mesa de ayuda a las PYME, con el fin de ayudarlas a presentar quejas, alcanzar los umbrales necesarios para que se pueda iniciar la investigación y para presentar evidencias de la existencia de dumping y del daño causado por las importaciones desleales.
Los eurodiputados sugieren que la UE debería responder más rápidamente a las prácticas comerciales desleales. Las investigaciones deberían limitarse a nueve meses (frente a los 15 meses propuestos inicialmente). Además, los derechos antidumping provisionales deberían imponerse, a más tardar, seis meses después de que la investigación se ponga en marcha (frente los 9 meses propuestos).
La mayoría de los procedimientos antidumping y antisubsidios imprendidos por la UE han sido contra de China.
Las propuestas del comité serán sometidos a votación por el Pleno del PE probablemente en febrero, para dar a los eurodiputados un mandato para iniciar las negociaciones legislativas con el Consejo, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la nueva normativa antes de que finalice la actual legislatura.
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