El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha apuntado a las primas a las energías renovables como las principales causas del déficit de tarifa que ha derivado en la reforma energética del pasado mes de agosto y que tiene como objetivo distribuir este “agujero económico” del sistema eléctrico entre Estado, empresas y consumidores.

Del Campo –que intervino en la jornada “Tecnologías y estrategias para el ahorro de energía en los regadíos” organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Huesca- recordó que esta nueva norma conlleva para los regantes un sobrecoste de 100 millones de euros anuales en la factura eléctrica, lo que supone ya el 41% de sus costes generales, seis puntos más que antes de la reforma.

Para Fenacore, esta subida -que se suma al alza del 70% que vienen soportando en los últimos seis años debido a la supresión de las tarifas especiales para riego- evidencia cómo son los consumidores los que “sin tener culpa alguna”, acaban pagando las consecuencias de una política energética errónea que ha generado un descuadre de más de 26.000 millones entre el precio de la electricidad y el coste del suministro.

De esta forma, calificó de discriminatorio el reparto ideado para paliar un déficit de tarifa que tiene su origen en potenciar la producción de renovables sobre la base de criterios políticos en lugar de técnicos –porque “estaban de moda”- pero también en sobrestimar una demanda energética que finalmente ha resultado ser un 30% inferior a la prevista debido a la crisis.

En cualquier caso, si la reforma energética busca realmente eliminar el déficit de tarifa repartiendo gastos entre Estado, empresas y consumidores –que deberán asumir el 20% de los 4.500 millones de euros que se van a acumular este año-, lo justo sería que parte de los consumos industriales (las tarifas de acceso) se cargaran a los Presupuestos Generales para que se asumieran entre todos, como sucede ya con los consumos insulares.

Sin embargo, esta reforma carga con un mayor gasto a las actividades industriales que tienen consumos de temporada, como es el caso del regadío. Concretamente, aunque contempla una rebaja del 65% en los costes que gravan el consumo (término de energía), aumenta en un 115% los costes fijos (término de potencia). Como los regantes tienen un consumo intensivo durante los meses de riego, pero mínimo en el resto del año (abril a octubre), el balance en la práctica es una subida adicional del 20% en la factura, lo que lejos de aumentar el gasto energético para reducir el precio, conseguirá contenerlo.

Asegurar la viabilidad del riego modernizado

Llegados a este punto, el presidente de Fenacore recalcó que sus continuas reivindicaciones al Gobierno en materia energética no son un “capricho”, sino la necesidad de poner en marcha un escenario tarifario competitivo, capaz de asegurar la continuidad de la agricultura en general y del regadío modernizado en particular; sobre todo, tras las inversiones acometidas por el sector para transformar los antiguos sistemas de riego en otros de menor consumo de agua, aunque de mayor demanda energética.

En este sentido, los regantes vienen solicitando pagar únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de la época de riego; o como alternativa, firmar un contrato anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “los actuales costes energéticos hacen completamente insostenible el regadío modernizado y sólo unas tarifas mejor adaptadas garantizarían su viabilidad y nuestra colaboración en la trasformación de las más de un millón de hectáreas que rodavía quedan pendientes de modernizar en la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos; una fase que está paralizada por la necesidad de fondos públicos y de unos planes de amortización adecuados al escenario tarifario actual”.