El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, instó hoy al Gobierno a agilizar el proceso de aprobación de los planes de cuenca pendientes con el fin de evitar nuevas sanciones de Bruselas por incumplimiento de los plazos previstos. Por cada día de retraso en la entrega de estos planes, España debe pagar unos 200.000 euros diarios, lo que supone alrededor de siete millones de euros mensuales.

Del Campo recordó que si bien la Directiva Marco del Agua (DMA) fijaba el año 2009 como fecha máxima para tener listos todos los planes hidrológicos, lo cierto es que -aunque ya queda menos camino por recorrer tras la previsible aprobación hoy del plan del Duero- las demandas de agua de Ebro, Segura y Júcar todavía están pendientes del veredicto del Consejo Nacional del Agua (CNA).

Por esta razón, el representante de los regantes apremió al Ejecutivo a agilizar la planificación hidrológica, apartando con firmeza las presiones de las autonomías, ya que quienes deben cuantificar las demandas de agua son las Confederaciones Hidrográficas de acuerdo a criterios técnicos y no las comunidades de acuerdo a criterios políticos.

Precisamente, para la Federación, la principal razón de este retraso de más de cinco años no es otra que los continuos enfrentamientos entre las distintas comunidades autónomas que, inmiscuidas en el proceso de planificación, anteponen sus intereses localistas al interés general cuando se trata de alcanzar un acuerdo para el reparto del agua.

Según Andrés del Campo, «si el Gobierno no mantiene una postura firme evitando plegarse a las presiones de las autonomías, difícilmente se podrán tener aprobados los planes que faltan antes de final de año y desde luego, inmersos como estamos en medio de estrictos objetivos de cumplimiento del déficit un gasto de 80 millones anuales no es asumible».

Otros frenos a la aprobación de los planes

Fenacore recuerda que a esta «contaminación política» hay que sumar otros obstáculos como la complejidad de los propios planes de cuenca españoles, que obligan a reflejar muchos más datos de los requeridos por la normativa europea. La simplificación de estos planes facilitaría la cuantificación de las demandas y evitaría dilatar los trámites de forma innecesaria.

Asimismo, el diseño de una política hidrológica cortoplacista que depende muchas veces del Gobierno de turno tampoco ayuda a agilizar la aprobación de los planes. Para Fenacore, lo deseable sería un consenso entre los partidos mayoritarios para que los planes que se proyectan en una legislatura -con un horizonte mínimo de diez años vista-, se ejecuten durante el ciclo político que corresponda sin depender de las prioridades de quien gobierne entonces, como ahora ocurre.

Por último, recordó que si se hubieran adaptado las características hidrológicas españolas a las excepciones que marca la normativa europea, defendiendo la construcción de obras de regulación para tener agua garantizada, no habría que lamentar tensiones políticas como las que se viven en las cuenca del Segura y el Júcar, donde los enfrentamientos entre los gobiernos de Valencia y Castilla-La Mancha están retrasando innecesariamente la aprobación de sus respectivos planes.