El Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) alerta de la ame­­­na­za que supone para la seguridad alimentaria la entrada sin control en la cadena de los alrededor de 2.000 toros cerriles que cada campaña de ‘bous al carrer’ se sa­cri­fi­can tras celebrarse los festejos de este tipo. El CVCV lamenta, asi­mis­mo, las críticas de la Asociación de Defensa de la Tradición de los To­ros en la Calle con­tra la actuación de la Con­sellería de Agri­cul­tu­ra que, en el uso de sus competencias exclu­si­vas, está tra­tan­do de impedir tal cosa. Efec­tivamente, la conse­llería está hacien­do cum­plir la legis­la­­ción al reclamar ciertos trámites y condiciones, que requieren de la pre­­sencia de un ve­te­ri­na­rio pa­ra que és­te reconozca el estado del animal y expida la au­­­­­torización sa­ni­ta­ria para el transporte, una guía que com­pleta la tra­za­­bi­li­dad del ani­­mal has­ta el ma­ta­­dero. A este respecto, el má­ximo representante de los ve­te­­ri­na­rios va­­­len­cia­nos, Francisco Beltrán Andreu, advierte que tal documento “no es un trá­mi­­te más, es algo esencial que debe ser expedido por un facultativo para ga­ran­ti­zar, entre otras cosas, la se­guridad de la car­ne y la ausencia de residuos que po­drían ser nocivos para los con­su­mi­dores de ése animal tras ser convertido en alimento”.

La actuación de la Administración se produce al poco de cerrarse la crisis ali­men­­­­taria desatada en Europa por la presencia de carne de caballo en pro­duc­tos eti­que­­tados como de ternera y en algunos pocos casos de ‘fenilbutazona’, un producto prohibido para équidos destinados a consumo humano. “Si la industria cárnica ha sa­li­do in­demne de esta crisis ha sido gracias al cumplimiento de la le­gislación, a la res­pon­­sa­bi­li­dad que han demostrado tanto la Consellería de Agricul­tu­ra como la de Sa­ni­tat en este asunto. En el caso valenciano esta regu­la­ción es si cabe más ga­ran­tis­ta en cuanto a las cautelas que se han de tener con los ani­ma­les que pasan de uso re­crea­­tivo a ali­men­­tario. De ahí que se entienda me­nos aún la vehemente reacción con­tra los vete­ri­na­rios y contra de la ac­tua­ción de Agri­cul­tura”, advierte Beltrán, quien insiste en que el coste de los honorarios de estos profesionales, ya sean em­pleados públicos de la con­se­­llería o los habilitados por ésta al efecto, “es ridículo, es una gota en el mar de una tra­dición que, según la Conse­llería de Gobernación, tiene un impacto de 48 mi­llo­nes de euros, máxime tratándose de materias de salud pública, sanidad y bienestar animal”.

La entidad que aglutina a los colegios de Alicante, Valencia y Cas­te­llón viene de­fen­­diendo desde hace años la necesaria presencia de un vete­ri­na­­rio en ca­da festejo. Su pretensión resulta coherente con lo establecido en el resto de leyes de este ti­po. En Madrid, Cas­­­­­­ti­lla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, An­dalucía, Aragón, Ca­­taluña, La Rioja y Navarra, esto es, en todas las regiones con tra­di­ción en festejos ca­lle­jeros, es preceptiva la presencia de al menos un veterinario. Beltrán advierte que “el em­pe­­ci­na­mien­to en la ne­ga­tiva a incluir una me­jo­ra tan simple nos separa del resto de las regiones, imposibilita el cumplimiento de la legislación y no ayuda a que los ‘bous al carrer’ sean declarados Bien de Interés Cul­tu­ral (BIC)”, meta en la que, como se re­cor­da­rá, se fracasó el año pasado.

El CVCV quiere matizar igualmente que es falso el dato es­gri­mi­do por la citada aso­­ciación, que viene sos­te­­niendo que los tribunales les otorgaron la ra­zón sobre la su­pues­­ta innecesariedad de un veterinario en tales festejos. La senten­cia aludida (STSJCV de 11 de marzo de 2004–Secc. Tercera de lo Contencioso-Ad­mi­­­nis­tra­tivo) no niega las ac­­­­tuaciones veterinarias previstas en la legislación, se limita a indicar que «no re­sulta ne­­ce­­­sario que el Decreto (el referido a la legislación au­to­nómica de ‘bous al ca­rrer’) rei­te­re o incorpore el contenido de esas disposiciones, al respetar el Decreto ese or­de­na­­mien­to jurídico». Y en este sentido, la referida regulación au­to­nómica, nacional y co­mu­­ni­taria es ta­xativa a la hora de reconocer el papel del veterina­rio tanto desde la pers­­­pec­tiva del bie­­nestar y salud animal y ya en el ámbito sanitario, como garante de la se­gu­­ri­dad ali­men­taria. Con todo, el CVCV cree que la mayoría de organizadores de fes­tejos no se oponen a que éstos se desarrollen con todas las garantías normativas, se muestra abierto a es­ta­ble­cer un diálogo constructivo entre todas las partes y considera que éste es tan sólo un primer paso en la definitiva normalización de esta tradición pa­ra contribuir así a mejorarla.