La Comisión Europea ha hecho públicos los resultados de su Plan para la detección de fraudes en los productos cárnicos, que se inició a mitad de febrero tras la detección de ADN de caballo en productos que no indicaban en el etiquetado la presencia de dicha carne. Dichos resultados han puesto de manifiesto que en un 4,66% de las 4.144 muestras analizadas se ha detectado ADN de caballo. Además, un 0,5% de los 3.115 test realizados dieron positivos a fenilbutazona.
En España se ha detectado ADN equino en el 4% de las 189 muestras analizadas y no se registrado ningún positivo a fenilbutazona de las 108 muestras analizadas.
Los países con mayores porcentajes de incumplimientos por la presencia de ADN de caballo no etiquetado han sido Francia con un 13,3% de muestras positivas y Grecia con un 12,5%.
En la gran mayoría de países, no se han detectado muestras positivas a la fenilbutazona, salvo en Chequia, Irlanda y el Reino Unido. En los dos primeros países solo se ha detectado un positivo. Por el contrario, el Reino Unido han registrado 14 positivos de los 836 test realizados.
El plan tenía un doble objetivo, por un lado detectar la presencia de DNA de caballo en productos cárnicos de vacuno que no mencionaran la presencia de de carne de caballo en el etiquetado y por otro, la detección de posibles residuos de fenilbutazona en la carne de caballo, que es n antiinflamatorio veterinario utilizado en caballos destinados a deporte y silla, espectáculos, etc., pero no a consumo humano.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han publicado un dictamen conjunto en el que concluyen que los riesgos asociados a la fenilbutazona para los consumidores son mínimos.
En la próxima reunión que la Comisión y los expertos de los Estados miembros mantendrán el próximo 19 de abril se discutirá si este plan tiene que prorrogarse.
La Comisión Europea va a proponer una revisión del marco legislativo de la cadena alimentaria (el paquete de sanidad animal y vegetal) que va a incluir que propuestas para fortalecer los controles oficiales, así como para proporcionar una base legal que permita la imposición de sanciones disuasorias a los fraudulentos, que deberían tener en cuenta el daño económico hecho con el fraude.
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