El planteamiento de este posible borrador sería totalmente insólito, ya que según se refleja en noticias aparecidas los últimos días, tendrían que ser los ganaderos los que, por primera vez ante una declaración de vacunación obligatoria, deberían responsabilizarse de la aplicación de la vacuna y asumir su coste, hecho sin precedentes en la historia reciente de la sanidad animal.

Tras conocer las noticias aparecidas en los últimos días en los medios de comunicación referentes al posible borrador de Orden que prepara el Ministerio de Agricultura en el que, según dichas informaciones, se pretende establecer un área de vacunación obligatoria frente al serotipo 1 de la lengua azul, la sensación que ha causado en esta Organización, así como en gran número de ganaderos que han pasado por nuestras oficinas tras conocer los pormenores de la noticia es de total estupor.

El hecho de tener que volver a vacunar las reses en determinadas áreas de la Región (parece ser que de Avila y Salamanca, junto con otras de Cáceres y Toledo) es por si mismo una pésima noticia para todos los ganaderos (no solo para los inicialmente afectados, pues los mosquitos no entienden de fronteras), y lo es mucho más teniendo en cuenta las catastróficas consecuencias que tuvo la vacunación practicada en 2009 y 2010, tanto en la cabaña de ovino, donde hubo explotaciones en las que se produjo una mortandad masiva de animales, como en las de vacuno, donde los efectos secundarios de la vacuna en cuanto a falta de fertilidad de los animales, merma de producción, abortos, etc. produjeron efectos devastadores en las ya maltrechas economías de los ganaderos. Tanto es así que la propia Administración admitió errores en relación con la vacuna y habilitó una partida presupuestaria para atender las reclamaciones, aunque fuese tarde y con unas condiciones leoninas. Se produjeron en Castilla y León unas 1200 reclamaciones.

Por si ello fuera poco, según aparece en las noticias, el Ministerio pretende que sean los propios ganaderos los que se responsabilicen de la aplicación de la vacuna en sus explotaciones y asuman su coste. Desde la Unión de Campesinos-UCCL consideramos este hecho sencillamente inadmisible. Es de todo punto inaceptable que una política de obligado cumplimiento como es la de sanidad animal que se dicta desde Bruselas, y que causa innumerables problemas burocráticos y de rentabilidad en las explotaciones, tenga además que ser costeada por los propios ganaderos, más aún teniendo en cuenta la precaria situación económica que estos atraviesan por causas sobradamente conocidas.

Desde esta Organización dudamos también de la eficacia de la vacuna contra la lengua azul, ya que tras la experiencia de 2009 y 2010, la opinión generalizada entre los ganaderos es que fueron mucho peor las consecuencias de la vacunación de lo que lo hubiera sido la propia enfermedad, pues no olvidemos que es una patología que no afecta a las personas, solamente al ganado.

Por lo tanto, desde la Unión de Campesinos de Castilla y León-UCCL, y aún con las reservas pertinentes hasta conocer definitivamente el borrador al que hacen referencia las noticias, manifestamos nuestro más profundo rechazo a las pretensiones del Ministerio, que supondrían una vuelta de tuerca más para las explotaciones ganaderas de nuestra región, que sería definitiva en muchas de ellas debido a su ya crítica situación.