En un momento en el que la factura de la luz representa ya más del 35% de los costes totales de producción del sector agrario y las medidas solicitadas para hacer más llevaderos los gastos energéticos no terminan de encontrar una respuesta por parte del Ejecutivo, los agricultores regantes han optado por agruparse en una central de compras que les permita ahorrar entre un 10% y un 14% anual en electricidad, según datos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).
Esta medida permitirá a la treintena de comunidades de regantes adheridas hasta la fecha adquirir a un precio más competitivo un volumen de 100 gigavatios hora (GWh) al año, con el que podrán suavizar el incremento exponencial que han registrado los costes energéticos desde que en 2008 desaparecieran las tarifas especiales para el regadío, abocando a este sector al mercado libre.
Según las estimaciones de Fenacore, el ahorro potencial que el sector agrario -el segundo consumidor de electricidad más importante de España por detrás del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)- puede obtener en términos absolutos asciende a más de 59 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que su consumo anual se sitúa en torno a unos 5.400 millones de kilowatios/hora, con un coste medio actual de diez céntimos por unidad (kWh).
En opinión del presidente de los regantes, Andrés del Campo, «a través de esta central de compras, serán algo más llevaderos los gastos derivados del término de energía, que en los últimos cuatro años se ha disparado más de un 80%; por no hablar del coste fijo del término de potencia, que se ha incrementado alrededor de un 450% en este mismo periodo. Y es que, aunque los nuevos mecanismos de riego ahorran hasta un 20% de agua, demandan mucha más electricidad para funcionar».
Este aumento desorbitado de los costes energéticos, que recortan la rentabilidad de las parcelas que han transformado sus antiguos sistemas de riegos por mecanismos eficientes, ha llevado a Fenacore a trasladar al Ministerio de Industria la necesidad de pagar por la potencia real registrada y no por la máxima contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de la época de riego (de abril a octubre).
De esta forma, los regantes persiguen despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien, poder firmar más de un contrato por año: uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo (meses de riego).
Precisamente, la aplicación de unos costes energéticos más competitivos garantizarían la colaboración del sector agrario en la modernización de las más de un millón de hectáreas pendientes de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos; actualmente paralizada, debido a la necesidad de fondos públicos y de unos costes de financiación que hagan posible la viabilidad económica de la transformación de estas zonas regables todavía no modernizadas.
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