El presupuesto para la Política Agraria Común y la Pesca para el período 2014-2020, que los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron el pasado viernes, es más bajo que el de 2007-2013, siendo la primera vez que en la UE se acuerda un presupuesto menor que el precedente. El presupuesto ha bajado de 420.700 millones de euros a 373.200 millones de euros, lo que supone una reducción de 17.000 millones de euros.

A los pagos directos y medidas de mercado se va a destinar en torno al 75% del presupuesto (277.900 millones de euros), mientras que al desarrollo rural le dedicarán 84.900 millones de euros.

Para el Presidente Mariano Rajoy, a pesar de la reducción en el presupuesto comunitario, España consolida la situación actual hasta el año 2020. España mantiene una dotación en ayudas directas de unos 35.000 millones de euros e incrementará un 3% el presupuesto en desarrollo rural hasta alcanzar aproximadamente 8.300 millones de euros. De ellos, 500 corresponden a una asignación específica para España que se ha conseguido en el último tramo de la negociación.

Los Jefes de estado han dado el visto bueno, entre otras cuestiones a:

– que sea voluntario por parte de los Estados miembro establecer un límite máximo de ayuda por explotación

– que el 30% del sobre nacional se dedique al “greening” pero dando flexibilidad a los Estados miembro para que éstos puedan definir medidas de enverdecimiento equivalentes.

– que los estados miembros con pagos directos por hectárea inferiores al 90% de la media de la UE reducirán en un tercio la diferencia entre su nivel y el 90% de la media, llegando al menos a 196 €/ha en 2020.

– que la convergencia se financiará con todos los estados miembro que perciban pagos por encima de la media y proporcionalmente a su distancia a la media. El proceso de convergencia se iniciará en 2015 hasta 2020.

– que la obligación de tener una zona de interés ecológica en cada explotación no requiera dejar superficie sin producir.

– que los estados miembros puedan decidir la transferencia de hasta un 15% del fondos de un pilar a otro (del de ayudas directas al de desarrollo rural y viceversa).

– que se aplique la medida ‘n+3’ en los fondos de desarrollo rural, lo que significa que las comunidades autónomas dispondrán de un período de 3 años – por los 2 años actuales- para justificar y culminar los proyectos que se pongan en marcha con fondos europeos.

– que se cree una nueva reserva de crisis para el sector agrario con una dotación de 2.800 millones de euros que procederán de la reducción de los pagos directos. Las cantidades no utilizadas se reembolsarían a los pagos directos.