En COAG Murcia nos hemos quedado perplejos cuando hemos leído la noticia en la que se dice que: “El Gobierno central dispondrá este año de 250 millones de euros…. para apoyar a las concesionaria de autopistas en riesgo de quiebra, entre las que se encuentra la AP7 que une Alicante, Cartagena y Vera, por los sobrecostes generados por la expropiación de terrenos.”
“Sobreleches”, decimos nosotros, no “sobrecostes”. La ministra Pastor, o miente o se cae de ingenua, ya que debería de saber, antes de culpar de la quiebra de las empresas concesionarias a los pagos que han tenido que hacer a los expropiados, agricultores en su inmensa mayoría, que todavía hay más de 400 expedientes en el Jurado Provincial de Expropiaciones Forzosas de Murcia y, por tanto, que no sólo no han cobrado, sino que no saben cuándo van a hacerlo.
Y lo que es aún peor, los pagos que ha hecho la concesionaria AUCOSTA, ahora auxiliada por nuestro Gobierno, han oscilado entre los 0,60 y los 3,00 €/m2, ya fueran tierras de secano o de regadío, ubicadas estas en la zona más productiva del Campo de Cartagena –que es tanto como decir de España- en donde los precios de mercado oscilan entre los 6,00 y los 8,00 €/m2.
Por esta razón, COAG Murcia exige al Gobierno de España que sólo conceda las ayudas que va a poner en marcha a aquellas empresas que, en verdad, haya pagado las expropiaciones o se comprometa a hacerlo a fecha determinada.
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