La Comisión Europea reclamó el viernes, en virtud del «procedimiento de liquidación de cuentas», el reintegro de un total de 436 millones de euros de fondos correspondientes a la política agrícola de la UE gastados indebidamente por los Estados miembros. Dado que los Estados miembros ya han reembolsado una parte de esos fondos, la incidencia financiera es algo menor (426 millones de euros). Esos fondos deben reintegrarse en el presupuesto de la UE por haberse incumplido las disposiciones de la UE o aplicado procedimientos inadecuados de control de los gastos agrícolas. Corresponde a los Estados miembros abonar y controlar los gastos realizados al amparo de la Política Agrícola Común (PAC), y la Comisión debe cerciorarse de que los Estados miembros hayan hecho un uso correcto de los fondos. En vista de las presiones económicas a que están sometidos algunos Estados miembros como consecuencia de la crisis financiera, la Comisión ha adoptado un Reglamento por el que los Estados miembros que reciben ayudas financieras pueden diferir hasta 18 meses, con determinadas condiciones, el reembolso de los gastos no aprobados, que se suma a las posibilidad que ya tenían los Estados miembros de pedir que el reembolso se escalone a lo largo de varios años. El primer Estado miembro que ha pedido acogerse a este nuevo instrumento es Grecia.
Los países que deben reintegrar fondos en virtud de la decisión de la Comisión son Alemania, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y el Reino Unido, y las principales correcciones individuales son las siguientes:
– 131,3 millones de euros reclamados a España por plantación de viñas sin poseer los correspondientes derechos de plantación o replantación;
– 98,9 millones de euros reclamados a Italia por plantación de viñas sin poseer los correspondientes derechos de plantación o replantación;
– 71,5 millones de euros reclamados a Grecia por carencias en los controles de las uvas pasas;
– 62,9 millones de euros reclamados a Francia por deficiencias en los controles de las primas por ganado vacuno;
– 21,3 millones de euros reclamados a Grecia por plantación de viñas sin poseer los correspondientes derechos de plantación o replantación;
– 13,3 millones de euros (incidencia financiera: 13,1 millones de euros) reclamados a Polonia por su deficiente sistema de sanciones y por no haber determinado algunas buenas condiciones agrícolas y medioambientales en relación con el régimen llamado de «condicionalidad»;
– 11,6 millones de euros reclamados a Grecia por carecer de un sistema de control de la producción y almacenamiento de azúcar.
Los Estados miembros son responsables de la gestión de la mayor parte de los pagos correspondientes a la PAC, principalmente por medio de sus organismos pagadores. También les corresponde realizar los controles; por ejemplo, deben comprobar las solicitudes de los agricultores en relación con los pagos directos. La Comisión realiza más de cien auditorías al año, a fin de comprobar que los controles de los Estados miembros y las respuestas a las deficiencias son suficientes, y tiene la facultad de recuperar los atrasos si las auditorías demuestran que dichas respuestas no bastan para garantizar que los fondos de la UE se han gastado de forma adecuada.
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