El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, se reunió ayer en Bruselas con José Manuel Silva, director de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, para explicarle el rechazo de UPA a la eliminación del régimen de derechos de plantación a partir de 2016.
Ramos ha declarado que el régimen de derechos de plantación de viñedo es el principal mecanismo de gestión de los viñedos comunitarios y su eliminación “provocaría la deslocalización de la producción y la pérdida y desaparición del patrimonio vitícola de los agricultores, con graves perjuicios para las regiones afectadas”. Esta medida afectaría en gran medida a España, primer país del mundo en superficie destinada al viñedo, con más de un millón de hectáreas.
UPA cree que la liberalización de las plantaciones de viñedo provocaría un incremento de la oferta, debilitando las condiciones productivas de las zonas tradicionales de cultivo, y sería “especialmente perjudicial” para las zonas amparadas por indicaciones de calidad, como las Denominaciones de Origen.
Previsiblemente bajarían los precios de las uvas y los vinos, “muchos de los cuales ya reciben un precio menor a su valor real”. En opinión de UPA, la disminución de precios tendría como consecuencia la incapacidad de los viticultores de soportar todos los costes ligados a la producción, provocando abandono y un descenso importante de la calidad.
Para Lorenzo Ramos, “el régimen actual de derechos de plantación ha demostrado su eficacia en términos productivos y cualitativos en la Unión Europea frente a la fuerte competencia de los vinos de calidad de países terceros, y más aún, representa una medida sin coste financiero para la Unión Europea, por lo que apostamos firmemente por el mantenimiento de este sistema”.
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