La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía inició el proceso de primera licitación al almacenamiento privado de aceite de oliva virgen y virgen extra para el año 2012, que culminará el próximo 21 de febrero. Un mecanismo que, según el Reglamento de la Comisión Europea, fija en 100.000 toneladas la cantidad máxima de aceite de ambas categorías que las agrupaciones de productores, almazaras y envasadoras podrán inmovilizar durante un periodo de 150 días.
Estas ayudas serán financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el periodo para presentar las licitaciones se ha establecido en dos convocatorias, la primera del 17 al 21 de febrero, y la segunda del 22 de febrero al 1 de marzo.
Al respecto, la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha mostrado su satisfacción por la activación de este mecanismo “pese a que el ministro de Agricultura lo haya solicitado con seis semanas de retraso, teniendo en cuenta que en enero le comuniqué que habían pasado dos semanas consecutivas en las que se cumplían las condiciones de precios requeridas para la puesta en marcha de este mecanismo”.
Asimismo, ha recordado que tanto la Junta como el sector han demandado una mayor flexibilidad del Reglamento actual del almacenamiento privado con el objetivo de “agilizar la activación de este mecanismo y que no se dilate tanto en el tiempo como ha ocurrido en este último caso”.
No obstante, Aguilera se ha mostrado confiada en que, con esta medida de almacenamiento se contribuirá a paliar la actual dinámica de bajos precios que viene sufriendo el aceite de oliva y, de esta forma, evitar más pérdidas al sector. Sin embargo, la consejera insiste en que “se trata de una medida de carácter coyuntural y no una solución definitiva”. Por ello, es necesario desarrollar otras acciones para obtener resultados a medio y largo plazo como el impulso a los procesos de integración y fusión empresarial para consolidar estructuras comerciales de mayor dimensión.
En este sentido, la Consejería ha reclamado, en el contexto de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que se contemple la mejora de medidas de gestión de mercados y que prevalezca la especificidad y el carácter estratégico del sector agrario sobre el cumplimiento de la política europea de Competencia.
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