LA UNIÓ de Llauradors señala que la Conselleria de Agricultura únicamente paga una pequeña parte mensual de lo que adeuda a los solicitantes del cese anticipado, pese a que estos sí deben pagar sus aportaciones a la Seguridad Social de forma completa.

Los agricultores acogidos al cese anticipado, aquellos que abandonan por jubilación sus explotaciones para que los jóvenes puedan incorporarse a la actividad agraria, observan con sorpresa y malestar el retraso de la Generalitat a la hora de pagar las percepciones mensuales que les corresponden y cuando han empezado a recibir las mismas no llegan ni al 40 por ciento del total. Se trata del único ingreso que perciben esos agricultores y ganaderos, que por el contrario sí deben hacer frente al pago completo de las cuotas de la Seguridad Social.

Se da la circunstancia además de que a la Conselleria de Agricultura apenas le compete desembolsar al mes poco más de un 2% de esas ayudas, pues están cofinanciadas entre la Generalitat (2,43%), la Unión Europea (22,08% de los fondos FEDER) y el Gobierno central (75,49%). Las dos entidades que más aportan transfirieron en su día sus fondos a la Generalitat para que hiciera efectivo los pagos, pero ésta dilata sus pagos y encima los prorratea. La cantidad que se debe al total de los agricultores y ganaderos valencianos que cesan en la actividad ronda mensualmente los 270.000 euros, cuantía insignificante para un presupuesto consolidado de la Conselleria de Agricultura de más de 300 millones de euros para el próximo año.

LA UNIÓ de Llauradors es consciente de la difícil situación económica de la Generalitat pero cree que “deben existir prioridades a la hora de afrontar los pagos y el cese anticipado es una de ellas sin lugar a dudas pues se debería poner en la piel de aquellos agricultores y ganaderos que perciben como único ingreso su paga del cese anticipado y no la cobran”.

LA UNIÓ señala que el retraso en el pago de esta ayuda es muy grave porque el cese anticipado es vital para mantener la actividad agraria en el campo valenciano con la incorporación de jóvenes que sustituyen a los que cesan. En este sentido indica que si las Administraciones no apuestan con fuertes incentivos y con unos pagos ágiles de los mismos existe un grave riesgo para la continuidad del sector agrario.