La discusión sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) llega a su punto álgido. A pesar del compromiso de la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino con las organizaciones ecologistas de fomentar un debate plural, transparente y participativo sobre el futuro de esta política, se ha creado un órgano para su seguimiento en el que quedan fuera las organizaciones ambientales, así como otros representantes de la sociedad civil.

La PAC condiciona la gestión del 80% del territorio europeo en tres aspectos fundamentales para el medio rural: económicos, ambientales y sociales. El actual proceso de reforma tiene que cumplir con las expectativas y demandas de la sociedad civil respecto a la necesidad de un cambio real en la política de mayor presupuesto de la Unión Europea que a su vez tiene consecuencias catastróficas sobre la economía en los países del sur, sobre el derecho a la alimentación así como sobre el medio ambiente en el mundo, provocando -entre otros- cambio climático, desertificación, contaminación, agotamiento de los recursos hídricos, etc.

El actual modelo otorga un mayor apoyo a grandes explotaciones, de carácter intensivo, con mayores impactos sobre el medio y, en muchos casos, desvinculados del carácter territorial, social y ambiental que una política de este calado debería contemplar.

Es necesario conseguir una PAC “justa y sostenible” que garantice precios justos y seguros para quienes producen y consumen los alimentos, que permita una renta suficiente para las/os campesinas/os, así como un modelo agroecológico con alimentos saludables y de producción sostenible. La apuesta por este modelo, de agricultura en Natura 2000 y otros sistemas de alto valor natural, de agricultura territorial, basada en producciones de calidad y respetuosas con el medio ambiente, es la única forma de asegurar el futuro de la financiación y de las zonas rurales.

Por todo esto, las organizaciones ecologistas demandan que se amplíe la composición de la Comisión, de forma que se incluya el componente ambiental. Argumentan que el futuro de la alimentación y la gestión del territorio incumben a toda la sociedad. Más aún cuando uno de los puntos fuertes del debate es cómo tener una PAC más “verde”, que contemple como propios los retos ambientales a los que el sector agrario tiene que hacer frente.

Tampoco se entiende que una comisión que tiene por objetivo “facilitar el intercambio de información, análisis técnico de las propuestas y avanzar en el consenso de una posición común” no incorpore la representación de los intereses ambientales.