El Real Decreto de Titularidad Compartida de la mujer en las explotaciones agrarias sigue sin desarrollarse casi un año y medio des­pués de su publicación. La Asociación Valenciana de Muje­res y Familias de Ámbito Rural (AVAMFAR) lamenta el desinterés del Gobierno en regular este decreto, que anunció como prioritario, y la oportunidad que ha perdido para liderar esta reivin­dicación del sector agrario durante la presidencia española de la Unión Europea.

La ministra de Medio Rural, Elena Espinosa, anunció que el mandato español de la UE trabajaría por el reconocimiento de la labor de las mujeres rurales a través de la puesta en marcha de la titularidad compartida, aprobada en marzo de 2009. Sin embargo, “a día de hoy el Gobierno no ha hecho realidad su promesa y todavía no contamos con una legislación nacional que regule la titularidad compartida en las explotaciones agrarias”, lamenta la presidenta de AVAMFAR, Marian Corbí.

De momento, el Ministerio de Medio Rural apenas ha empezado a desblo­quear la normativa con una reunión, el pasado 2 de junio, con representantes de las comunidades autónomas para coordinar la apli­cación de sistemas de registro que reflejarán las declaraciones de titularidad com­partida recibidas de las autoridades autonómicas.

La única actividad impulsada por el Gobierno en el marco de la presidencia europea fue la celebración de un Foro, en Cáceres, titulado ‘Las mujeres en el Desa­rrollo Sostenible del Medio Rural’. Este foro auspició la ‘Declaración de Cáceres’, la cual “no concreta nada con respecto al reconocimiento de la mujer como cotitular de la explotación agraria”, en palabras de Corbí.

AVAMFAR ya denunció que el decreto deja de lado el derecho de las mujeres rurales a su baja maternal, de su período de lactancia y de medidas adecuadas que permitan la continuidad del negocio familiar. Para Corbí, “es imperfecto y de alcance limitado ya que, como se reconoce en el texto, debe ir acompañado de ayudas y bonificaciones, que no se concretan, para garantizar la incorporación de la mujer a la Seguridad Social”. Así, mientras no se cuestiona el alta en el Régimen de la Segu­ridad Social del hombre al frente de una explotación agraria, por el contrario “sí se pone en duda el alta de su cónyuge cuando ésta trabaja tanto o más”.