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Si no hay dinero para regularizar las explotaciones, debe haber agua para los profesionales

08/07/2010

La organización agraria COAG-IR en Castilla-La Mancha ha asegurado que si no se cumplen las medidas del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) en su integridad y en particular la compra de derechos y la reforestación, será imposible alcanzar los objetivos ambientales y de restauración de las masas de agua propuestos en el mismo.

Con esta afirmación, el sindicato agrario responde a las declaraciones del comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, quien ha manifestado que el PEAG no se detendrá, aunque podrían ralentizarse algunas medidas como el programa de derechos de agua, que dependerá de la asignación presupuestaria que se consigne en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
COAG-IR ha denunciado en reiteradas ocasiones el incumplimiento sistemático de los compromisos presupuestarios asumidos por el Gobierno en algunas medidas fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del PEAG, como la adquisición de derechos y el programa complementario de forestación para las tierras puestas en secano.

Según ha explicado el responsable sectorial del Agua, José María Oñate, hasta el momento, se han destinado unos 65 millones de euros para la compra de derechos y cero para la forestación cuando, mientras que en el presupuesto del PEAG publicado en el BOE, estas medidas deberían haber contado entre los años 2008 y 2010 con 380 millones de euros para compra de derechos y algo más de 45 para forestación.

Por otro lado, Oñate ha expresado su preocupación por la repercusión negativa que el parón en la compra de derechos pueda suponer también para el proceso abierto de regularización de extracciones para cultivos leñosos, sobre todo para los profesionales.

“Este proceso de regularización, con una repercusión muy limitada desde el punto de vista del consumo de recursos, tiene una importancia social extraordinaria y, de suspenderse, tendría consecuencias negativas para las economías de miles de explotaciones familiares cuyos ingresos principales proceden de la agricultura”, ha apostillado.

En este contexto, el dirigente agrario ha subrayado que , si no hay presupuesto para comprar derechos y llevar a cabo el proceso de regularización, sería conveniente que se incluyera en la planificación hidrológica del Alto Guadiana (tal y como COAG-IR ha pedido en el proceso de participación pública) la posibilidad de aportar recursos externos a la cuenca como ocurre con otras, entre ellas la del Segura.

“En la planificación para solventar las necesidades de la cuenca del Segura se contemplan 400 hectómetros cúbicos anuales de agua del Tajo”, asevera.

Oñate ha recordado que en 2007 el Gobierno dijo que el problema del Alto Guadiana se solucionaba con agua o con dinero y que, aunque no hubiera recursos hídricos, siempre iba a haber dinero.

“Ahora nos dicen que tampoco hay dinero. Pues que nos traigan el agua que necesitamos… ¿Qué de dónde?… del mismo sitio que se la van a dar a los murcianos, porque si hay agua del Tajo para Murcia, para Castilla-La Mancha también; y si no hay para Castilla-La Mancha, no hay para nadie”.

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