El nuevo paquete fitosanitario europeo es ya una realidad. Su entrada en vigor se prevé para finales de año, con un periodo de adaptación de 18 meses desde su publicación.
Valoramos muy positivamente las disposiciones aprobadas en la Directiva cuyo objetivo es reducir los riesgos derivados del uso de productos fitosanitarios para la salud y el medio ambiente. Estamos convencidos de que unas buenas prácticas agrícolas son la clave de un uso sostenible de nuestros productos, y garantizan la reducción de los posibles riesgos. Muestra de ello, es el compromiso manifestado por la industria fitosanitaria europea en los últimos años a través de iniciativas como el Proyecto SUI o el Proyecto Topps. Esta regulación no obstante, requiere ahora de una correcta transposición que permita su adecuación a las especiales características de nuestra agricultura, a través de Planes Nacionales de Acción coherentes con las particularidades de cada cultivo. Por ejemplo, aunque se prohíben con carácter general las aplicaciones aéreas, los estados miembros podrán derogarla concediendo permisos específicos, que en el caso de la agricultura española facilitaría la gestión de plagas forestales u otras que afecten a cultivos como el arroz, los cítricos y el olivar.
El reconocimiento mutuo y la autorización zonal, son dos figuras incluidas en el nuevo Reglamento de Comercialización de Productos Fitosanitarios que sustituirá la actual Directiva 91/414, que esperamos ayuden a agilizar el injustificable retraso que el proceso de registro nacional español viene sufriendo en los últimos años. Sin embargo, nos preocupa las consecuencias que lo nuevos criterios de exclusión de sustancias activas puedan generar para nuestros agricultores, pues no habrá herramientas fitosanitarias suficientes para hacer viables todos cultivos. En el caso de la agricultura española, su efecto será aún mayor, pues se unirá a la pérdida del 75% de insecticidas que ya generó la anterior normativa.
Desde la industria, solicitamos una adecuada definición científica de estos criterios de exclusión, en especial los denominados disruptores endocrinos, que no elimine sustancias seguras y eficaces. No olvidemos que los productos fitosanitarios, utilizados de manera adecuada, juegan un papel clave en la producción de alimentos saludables, suficientes y asequibles. Por esa razón, no parece lógico renunciar a herramientas tan necesarias sin una mejora demostrable en la seguridad humana o medioambiental. En especial cuando la FAO ha hecho un llamamiento a incrementar la producción agrícola en un 70% para el año 2050 y atender así la demanda de alimentos de una población mundial que se estima aumente en 1.700 millones de personas en 2030.
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