En el mes de mayo de este año el sector agroganadero sufría una fuerte convulsión provocada por la continua subida del gasóleo y los fertilizantes y el descenso de los precios en origen elevando los costes de producción y desde entonces la realidad no ha hecho más que complicarse. Los agricultores no han visto descender los precios del gasóleo B, que se mantiene a 1.03 euros/litro a pesar del descenso del barril (93,98 dólares a 30 de agosto frente a los 147 dólares que cotizó en julio) ni tampoco de los fertilizantes, que experimentaron un encarecimiento paralelo a la escalada del petróleo duplicando y triplicando en algunos casos su precio y permanecen inamovibles. Baja la cotización en origen de los cereales casi un 28’7% pero no se traduce en un descenso similar de los piensos para la alimentación del ganado. Y suben, además, en un 40%, las tarifas eléctricas (al no prorrogar el Gobierno las tarifas especiales de riego) que en algunos cultivos de regadío son junto con los fertilizantes y el gasóleo determinantes en la producción. La luz de emergencia se ha activado en el sector agroganadero de nuestra provincia con las explotaciones tradicionales de ovino y caprino al borde de la subsistencia -ya que en 10 años los precios casi no han variado-, con la desaparición de numerosas granjas que no han podido hacer frente al aumento de los costes (un 20% en porcino y un 27’5% en vacuno) sumado a la caída del 20% de los precios en origen, y con nuestros principales cultivos: olivar, cereales, almendra, frutas y hortalizas expuestos a pérdidas.
Todos los signos son de alarma: el precio del aceite situado en umbrales por debajo de la rentabilidad para el productor (menos de 2’4 euros/litro), el descenso del precio en origen los cereales hace temer que los profesionales renuncien a sembrar las tierras menos productivas, las importaciones masivas de almendra de EE.UU. (un 200% más de lo que representa la producción nacional) hunden los precios en nuestro país, el precio en origen de la leche vuelve a situarse bajo costes y la industria ya amenaza con nuevas bajadas ( se paga 0,39 euros/litro y los costes ascienden a 0’43 euros/litro), desciende la producción de porcino y vacuno en un 60%…. El primer productor pierde dinero, en definitiva, en el desarrollo de su actividad económica, y mientras las grandes superficies obtienen beneficios desorbitados.
Política clara de cara al futuro
Nuestro sector agrícola y ganadero se sitúa en el peor de los mundos posibles, sometido a la vorágine inflacionista, sin posibilidad de repercutir el aumento de los costes en la venta de su producción y cada vez con más trabas y más exigencias de calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria y medioambientales que nos sitúan en desventaja en el mercado con terceros países libres de estas imposiciones. Rota la capacidad de resistencia, los agricultores y ganaderos de nuestra provincia, convocados por ASAJA GRANADA, saldrán a la calle en el mes de noviembre a hacer oír sus reivindicaciones, que pasan por una política clara de cara al futuro para lograr la rentabilidad del sector y definir un modelo de agricultura competitiva.
Vamos a exigir en la manifestación, el fin de la especulación de los precios mediante la aprobación de una ley de márgenes comerciales; la implantación del doble etiquetado con precios en origen y destino; el ajuste de los costes de producción reforzando el control de la formación de precios de los insumos y arbitrando fórmulas equitativas para que las fluctuaciones de precios sean acordes con los incrementos del petróleo en origen; el control de las importaciones, el desacoplamiento de las ayudas comunitarias de todos los sectores ganaderos para asegurar una renta y permitir la orientación de las producciones a las demandas del mercado siguiendo las directrices de la Política Agraria Común (PAC) tras la última reforma; ayudas públicas directas y créditos blandos para la modernización de las explotaciones de ovino y caprino y su reconocimiento como sector preferente en la asignación de fondos de desarrollo rural; acuerdos de prejubilación que aseguren a los ganaderos más vulnerables unas condiciones mínimas de retirada; un precio mínimo para los contratos-tipo de compraventa de leche, incentivos para los productores acogidos a programas de calidad diferenciada, empleo de subproductos obtenidos en la producción de biocombustibles para la alimentación animal… Todo ello sin olvidar medidas urgentes y básicas de política fiscal que ayuden a reflotar las explotaciones en peligro como son: la deducción a través del IRPF del 35% de los gastos del gasóleo y del 15% del gasto de fertilizantes y plásticos, recortes generales del 2% de los módulos de rendimiento neto de las actividades agrícolas y ganaderas e incremento al 10% de la deducción por gastos de difícil justificación, incremento del IVA compensatorio para la ganadería en el régimen especial agrario del 7,5% al 9%.
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