22 de abril de 2008.- En la primera entrevista que realiza tras el debate del Parlamento Europeo del informe del algodón, Mabel Salinas, la eurodiputada socialista titular en la Comisión de Agricultura, explica en un cuestionario planteado por la Agrupación Española de Desmotadores de Algodón (AEDA) que se ha dejado “la puerta abierta” a las posiciones españolas, “pero tenemos algunas cuestiones que enmendar, sobre todo en el articulado”.

Salinas es optimista, traslada un mensaje de tranquilidad a todos los afectados, aunque le preocupa “enormemente” que el sector algodonero pueda continuar más tiempo “en esta situación”. La diputada espera que la reforma pueda dejar margen de subsidiariedad a España, “para poder adaptar las ayudas a la situación real de los algodoneros andaluces”

“Soy una convencida de que las ayudas deben estar ligadas a la producción en general”, porque la desvinculación de las ayudas “deslegitima la PAC”. “Los algodoneros no quieren las ayudas para dejar de cultivar, sino para seguir cultivando”.
A su juicio, es “intolerable” que la Comisión presente una propuesta similar a la anterior, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comisión Europea que la había anulado, en un caso histórico pues es la primera “en que se gana a la Comisión una reforma”.

• Industria desmotadora: “Cada Estado miembro debería elaborar un plan nacional de reestructuración complementario al comunitario”

Con respecto a la industria desmotadora, Mabel Salinas cree que este sector “está en situación de pedir una indemnización y exigir un plan de reestructuración similar al adoptado para otros cultivos”. En cualquier caso, asegura, “el informe no plantea claramente un plan de reestructuración global que garantice la viabilidad”.

Entre otras cuestiones, la diputada socialista en el Parlamento Europeo considera que el plan para la industria desmotadora debería contemplar:

1) Ayudas económicas a la reestructuración y mantenimiento del sector desmotador para adaptarse a la nueva situación.

2) Transferencias financieras a favor de la reestructuración de las regiones productoras prevista en el art. 143.5° del Reglamento 1782/2003.

3) Acciones específicas para la mejora tecnológica y estructural de las empresas que permanezcan activas.

Además, Salinas sostiene que cada Estado miembro debería elaborar un plan nacional de reestructuración complementario al comunitario, con medidas de carácter sectorial y específico.