La Junta de Andalucía sólo ha pagado al 15% de los agricultores con derecho a subvención, es decir, quienes tuvieron que cortar o arrancar olivos por causa de las heladas de 2005. El 85% restante han tenido que afrontar el primer pago de capital de los préstamos ICO sin recibir las ayudas del Plan. El Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura en Granada, por su parte, ni siquiera ha contestado a la solicitud hecha desde ASAJA GRANADA de un aplazamiento de ese primer pago de capital, ante las dificultades que se les presentaban a los afectados.

? Las ayudas a fondo perdido del Plan de Recuperación del Olivar se arbitraron para que los agricultores pudieran hacer frente a los préstamos ICO concedidos en un primer momento por la Junta de Andalucía como medida provisional frente a la descapitalización de las explotaciones de olivar afectadas por las heladas en 2005, que en Granada tuvieron efectos devastadores con la tala de un millón de olivos y pérdidas que alcanzaron los 250 millones de euros. No obstante, el primer pago de capital de los préstamos venció el pasado 10 de noviembre y las ayudas sólo han llegado al 15% de los beneficiarios (los expedientes que se aprobaron en los meses de julio y agosto) con lo que la mayoría de afectados se ha visto en difíciles circunstancias ante este compromiso. El Delegado Provincial de Agricultura ni siquiera ha contestado a la solicitud hecha desde ASAJA GRANADA de un aplazamiento de este pago, despreocupándose por completo del problema.

Las subvenciones del Plan de Recuperación del Olivar se tramitaron a finales del año 2006 y principios de 2007 y todavía quedan por aprobar el 85% de las resoluciones. La temporalidad de los pagos efectuados indica que los beneficiarios que quedan por cobrar (ese 85%) no lo harán hasta febrero de 2008 (tres meses más tarde si quedan aprobados los expedientes en este mes de noviembre, como desde la Junta de Andalucía se ha dicho), es decir, poco antes de las elecciones, para obtener de este una “utilidad” electoral.

ASAJA GRANADA requiere de la Administración autonómica que no se dedique tanto a publicitar el Plan de Recuperación y que resuelva de forma urgente los expedientes que restan con el fin de ayudar efectivamente a los agricultores a enfrentar los pagos de los préstamos que solicitaron para continuar con su actividad.