Córdoba, 1 de junio de 2007.- Como ya ocurriera el pasado año, ni la Administración central, ni la comunitaria han sido capaces de mostrar la mínima sensibilidad con los productores de ovino y caprino, por lo que la petición unánime del sector de reducir el período de retención de 100 días de los animales en la explotación cae en saco roto. Con esta negativa los animales deberán permanecer hasta el ocho de agosto en las explotaciones, lo que supondrá graves perjuicios para los ganaderos tanto por el sobrecoste en alimentación del ganado como por las dificultades para el sacrificio y la comercialización en estas fechas.

Por segundo año consecutivo el ministerio de Agricultura fracasa en sus gestiones ante Bruselas y no consigue que una petición razonable y plenamente justificada como ésta sea aceptada por la Comisión. Esto demuestra, una vez mas, la falta de capacidad negociadora de nuestro ministerio de Agricultura ante las instancias comunitarias que en su respuesta al Gobierno español alegan que la fijación de dicho plazo es decisión unilateral de España y por tanto le aconsejan que considere las implicaciones de esa elección.

Hay que recordar que España adoptó en 2005 la decisión de aplicar el desacoplamiento parcial de las ayudas y mucho nos tememos que la negativa de Bruselas tiene que ver con esa decisión del gobierno español de aprobar el desacoplamiento parcial en vez del desacoplamiento total por el que se inclina Bruselas.

Si el gobierno español hubiera optado por ésta segunda vía, este requisito hubiera desaparecido con lo que no tendríamos que solicitar ninguna medida excepcional ante las instancias comunitarias y los ganaderos tendría libertad total para gestionar su explotación de la mejor manera posible. Sin embargo, ahora se ven obligados a afrontar prácticamente todo el verano con los animales en la explotación lo que va a provocar un fuerte incremento de costes en la alimentación (10 euros por animal) y dificultades añadidas para el sacrificio y la venta de los animales (precios muy bajos).

Además, con la reducción del periodo de retención se hubiera contribuido, de forma muy positiva, a la regulación del mercado de animales de desvieje, así como a la mejora en la gestión de las explotaciones de ovino y caprino, algo que redundaría en un mayor bienestar de los animales y en una mayor optimización de las instalaciones ganaderas.
Sin embargo, en la situación actual el único y verdadero perjudicado es el ganadero español de ovino y caprino, por lo que confiamos que, tras este duro varapalo, el gobierno español cambie lo antes posible su errónea política sobre el desacoplamiento parcial de las ayudas y así podamos evitar males mayores en el futuro.