En la memoria económica del anteproyecto de ley de desarrollo rural que ha presentado el Ministerio de Agricultura (ver vínculo abajo) se reconoce que “esta Ley deberá contar inevitablemente con una financiación adicional propia”. En el documento se cifra en 500 millones de euros al año la posible aportación adicional de la Administración General del Estado a partir de 2008. Esta cifra se obtiene de una estimación de necesidades “para asegurar la adecuada aplicación de esta Ley durante un primer periodo de programación 2008-2013” de 4.143 millones de euros anuales, que el documento no explica como se han calculado. Como el propio documento estima en 3.643 millones la aportación actual (en 2007), restando estas dos cifras resulta la cifra de 500 millones del incremento anunciado.

La aportación actual se ha obtenido sumando dos cantidades. La primera es la que resulta de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) del FEADER, actualmente en preparación, y que asciende a 434 millones al año. El resto (3.209 millones) se ha sacado según el documento de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, considerando las partidas no contabilizadas en los PDR. Aunque el documento no aporta información sobre las partidas presupuestarias consideradas, un análisis en profundidad hace surgir dudas serias sobre la metodología empleada.

En efecto, como se detalla en el cuadro que se adjunta (ver cuadro en el segundo vínculo), las cantidades que recoge el documento para la aportación 2007 del MAPA parecen haberse obtenido agregando la totalidad de los capítulos 6 (inversiones) y 7 (subvenciones) de varios programas (en la práctica, todos los que gestionan las cuatro Direcciones Generales de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación), restando las transferencias del FEGA (que corresponden a fondos FEADER), lo que plantea los siguientes problemas:

– Estos programas presupuestarios incluyen en buena medida actuaciones que cofinancia el FEOGA-Orientación (con cargo a los fondos 2000-2006, que llevan una ejecución retrasada: regadíos, mejora de explotaciones, Leader plus, etc.), en unos casos por el importe total y en otras por el importe neto sin financiación comunitaria, y que en el futuro, acabada la transición entre períodos, debería cofinanciar el FEADER.

– También incluyen actuaciones cofinanciadas por el FEAGA, como las ayudas a los frutos secos, que no se consideran habitualmente parte de la política de desarrollo rural

– Además incluyen numerosas actuaciones nacionales sectoriales (como la sanidad animal y vegetal o los gastos de identificación animal) o administrativas (como las inversiones para edificios y equipos), que normalmente no se catalogan en lo que el documento considera “desarrollo rural multisectorial”.

Esta maraña de cifras es difícil de desbrozar porque los Presupuestos Generales del MAPA no indican las fuentes de financiación (FEADER, FEOGA, FEAGA, etc.) de cada concepto, ni tampoco lo hace la memoria económica de la futura Ley. La poca claridad del documento en este aspecto básico, unida a la imprecisión de la cuantificación de necesidades, hace temer a los expertos de las organizaciones agrarias que no se produzca el anunciado incremento de fondos. De hecho, en estos medios se indica que bastaría con computar como “desarrollo rural” otras partidas actuales del presupuesto del propio MAPA que no figuran en los programas mencionados en la memoria (como los seguros agrarios, diversas subvenciones corrientes del capítulo 4, o medidas del FEAGA similares a las de los frutos secos) para que aparezca sobre el papel un incremento teórico de fondos de “desarrollo rural”, que podrían engrosar el futuro programa presupuestario unificado que prevé el borrador de Ley, sin ningún incremento real del gasto.

Ver cuadro