Como resultado de una visita de inspección de la Oficina Alimentaria europea, efectuada en septiembre de 2006, las autoridades comunitarias han señalado deficiencias en los controles españoles sobre los alimentos lácteos y cárnicos. Las conclusiones del informe han sido aceptadas por las autoridades españolas, y se harán públicas en breve. Un resumen figura a continuación:

En el informe se señala que ninguna de las autoridades competentes controlaba, en el momento de efectuar la inspección, los requisitos en materia de higiene de las explotaciones de producción de leche. La falta de una coordinación adecuada entre las diferentes autoridades autonómicas y entre diferentes departamentos de la misma Comunidad Autónoma debilita el sistema de controles oficiales del sector cárnico y lácteo. Por ahora, no existe ningún sistema de auditoría para verificar la eficacia de los controles oficiales.

La concepción del sistema de controles oficiales no suele ajustarse a los requisitos de la UE. Los controles no se efectúan en función del riesgo y su frecuencia no se basa en los factores previstos en el Reglamento (CE) nº 882/2004. Los controles oficiales en los mataderos y los establecimientos que manipulan caza son insuficientes y la inspección post mortem no se efectúa de forma correcta.

En algunos mataderos, personal pagado por los establecimientos efectúa actividades oficiales, lo que provoca un conflicto de intereses.

Por lo general, los procedimientos y las instrucciones en relación con las tareas, las obligaciones, los métodos de control y la interpretación de los resultados no están a disposición de los funcionarios, lo que conduce a una falta de uniformidad en el enfoque de los controles y reduce la eficacia del sistema.

Las autoridades no garantizan que todo su personal reciba la formación adecuada y que se actualicen sus conocimientos en su ámbito de competencia. El personal oficial tiene escasos conocimientos sobre la legislación pertinente.

El seguimiento y las acciones emprendidas en caso de incumplimiento de la legislación son claramente insuficientes para garantizar que el explotador de una empresa alimentaria ponga remedio a la situación y para garantizar el cumplimiento de la legislación pertinente de la UE.

En general, en España no se cobran tasas ni gravámenes para sufragar el coste de los controles oficiales.

Ni los explotadores ni las autoridades competentes han aplicado adecuadamente, en su mayor parte, la nueva legislación en materia de higiene. En particular, se han detectado numerosas deficiencias en relación con los propios controles y los sistemas basados en HACCP.

En general, las autoridades no efectúan ningún seguimiento de las deficiencias descubiertas durante los controles oficiales: se incumplen plazos y la corrección de las deficiencias no está adecuadamente documentada.

La certificación oficial cumple en general los requisitos de la legislación comunitaria.

Si bien el flujo de producción es aceptable en la mayor parte de los casos, se descubrieron graves carencias en relación con el cumplimiento por parte del explotador de la empresa alimentaria de los requisitos específicos de higiene en establecimientos cárnicos, p. ej., presentación de animales muy sucios para el sacrificio, recogida antihigiénica de sangre para el consumo humano, desollamiento antihigiénico de las canales, no esterilización del equipo entre canales, falta de instalaciones para lavarse las manos y uso habitual de mangueras manuales, lo que provoca la contaminación de las canales.

Los controles oficiales son insuficientes para detectar las deficiencias descubiertas y solucionarlas. Existen pocas pruebas de la realización de auditorías de buenas prácticas de higiene y las auditorías de procedimientos basados en HACCP todavía se encuentran en la fase de formación. Se descubrieron importantes carencias en relación con el bienestar animal, las inspecciones post mortem y las pruebas de detección de Trichinella en todos los mataderos y establecimientos de transformación de caza visitados.

En conclusión, se descubrieron graves carencias en relación con el sistema de controles oficiales, las autoridades competentes y el control de la aplicación de la legislación de la UE.