Clama al Cielo la situación en la que nos encontramos todos los agricultores y ganaderos a las alturas de la jugada en la que estamos –a saber, bien entrado el mes de marzo- respecto a la solicitud de las ayudas por superficie y primas ganaderas, comúnmente conocidas como “la PAC” que comenzaron el pasado mes de febrero.
Ahora, en este mes de marzo el desconcierto entre todos los del sector es grande y hay una profunda preocupación que inunda las oficinas de todas las Asajas de Andalucía. Los motivos son variados pero finalmente la conclusión es la misma, a los agricultores y ganaderos no se les garantiza jurídicamente y solicitan los derechos sin tener ningún derecho que vele por ellos.
El principal factor es que aún trabajamos las entidades colaboradoras de la Administración con un borrador que establece para Andalucía las disposiciones para la aplicación de determinados regímenes de ayudas comunitarios a la Agricultura para la campaña 2007/2008. Sí, sí, he escrito bien, tienen un borrador y no una Orden en firme que rija todo lo que ellos están declarando en sus PACs por lo que la inseguridad jurídica es absoluta.
A esta inseguridad se une el hecho de que la Administración no ha publicado los derechos de Pago único, datos del Sig-PAC, la normativa que regula el algodón y si cambiarán o no las medidas agroambientales.
Incluso en las fechas límites para solicitar la PAC se han producido despropósitos. La Administración acordó con todas las organizaciones una ampliación del plazo para solicitar estas ayudas hasta el 14 de abril y finalmente lo que ha publicado por Orden ha sido hasta el 30 de abril.
A ver, la PAC no se puede improvisar; no se pueden solicitar las ayudas sin saber a ciencia cierta qué pasará y si vendrá una Orden a modificar todo lo que uno ha declarado; no se pueden llevar las empresas sujetas a los vaivenes del capricho y no se puede estar en continua inseguridad jurídica.
Los administrados tienen derechos, cuanto más a la hora de declararlos.
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