El área de la mujer de COAG exige un estudio sobre la repercusión de la ley integral contra la violencia de género en el medio rural

Sevilla, 7 de marzo de 2007. La doble discriminación, por ser mujeres y por ser rurales, une el día 8 de marzo a todas las mujeres del mundo que, como nosotras, se ocupan de producir alimentos para la población. Según datos de la FAO, las mujeres producen el 70% de los alimentos a nivel mundial y el 50% en Europa.

Éste es un día para denunciar la violencia y los malos tratos hacia las mujeres, sus hijos e hijas, así como para reclamar la puesta en marcha de un estudio sobre la repercusión de la Ley Integral contra la violencia de género en el medio rural, ya que tras un año de aplicación de la misma, no hay ningún estudio sobre su incidencia en el campo. La falta de servicios que sufre el medio rural también afecta a la atención y ayuda a las víctimas de la violencia de género. En este sentido, conviene recordar que el 40% de esas víctimas vive y trabaja en las zonas rurales.

No obstante, el Área de la mujer de COAG muestra su satisfacción porque durante el año 2006 se han conseguido avances importantes en la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tales como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género, la Ley de Dependencia o la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Respecto a esta última, cabe destacar el desarrollo de la figura de la Titularidad Compartida, una reivindicación histórica de nuestra organización para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario.

La titularidad compartida supone que ambos, titulares en pie de igualdad, administren la explotación agraria, con derecho a intervenir en las decisiones comunes. Con esta medida, desde la perspectiva de género, se puede conseguir la visibilización del trabajo de muchas agricultoras y ganaderas, erradicando la exclusión de derechos a la que han estado sometidas históricamente. Con el reconocimiento legal de la titularidad compartida, las mujeres tomarán conciencia de su actividad agraria productiva. Es el comienzo de otras modificaciones en la legislación civil y fiscal que reconocerán esta nueva realidad en las explotaciones agrarias y el estatuto de la mujer agricultora profesional. La titularidad compartida también puede mejorar los casos de desprotección que sufren muchas mujeres en el sector agrario en casos de disolución del matrimonio (separaciones y divorcio) o fallecimiento del cónyuge o compañero.

Futuras Leyes de Agricultura y Desarrollo Rural

En este caso, consideramos necesario que se lleve a cabo un reconocimiento de nuestro trabajo, de nuestra contribución profesional al mantenimiento de las explotaciones familiares. Este reconocimiento supone la visibilización de nuestra labor no sólo en las estadísticas sino también en términos económicos, es decir, cuál es nuestra contribución al PIB, así como el reconocimiento de nuestros derechos sociales, económicos, etc.

Asimismo, demandamos el ESTATUTO JURÍDICO DE LA AGRICULTORA y que nuestro país se una a países como Francia, Austria, Finlandia o Suecia, sobre todo, ante las novedades introducidas por la Revisión Intermedia de la PAC y, en concreto, el pago único de las ayudas.