Madrid, 28 de diciembre de 2006.- El Comité Consultivo de Ovino y Caprino de la UE ha aceptado estudiar la petición, presentada por ASAJA y apoyada por el resto de productores comunitarios, de retrasar la identificación electrónica obligatoria en el sector del ovino y caprino hasta el año 2009. Esta propuesta ha sido aceptada por la Comisión europea ya que, hasta el momento, ni este sistema de identificación ni los demás sistemas sobre los que se están realizando pruebas han dado los resultados deseados.

Después de conocer la intención de Bruselas, ASAJA se ha dirigido a la ministra de Agricultura solicitando que se aplace la puesta en marcha de la identificación electrónica en España en tanto en cuanto no haya una postura clara al respecto por parte de la UE. Los motivos aducidos por ASAJA son, además de la decisión de Bruselas, las dificultades técnicas que se han demostrado, la alta accidentalidad que en algunos casos conlleva la muerte de los animales y los elevado costos de implantación para ejercer un control que puede ser llevado a cabo con sistemas como los actuales u otros incluso mas simples, económicos y fiables.

Además, la situación por la que atraviesa el sector del ovino, con graves dificultades de rentabilidad en toda la UE, hace aconsejable no gravar mas económicamente a unas explotaciones cuya viabilidad está ya en entredicho.

Por otra parte, la seguridad alimentaria en lo que respecta a la carne producida en la UE está mas que garantizada y no precisa de mas controles de los ya establecidos. Situación bastante distinta es la se refiere a la carne importada de terceros países, cuyos controles sanitarios no son tan rígidos al no verse afectados por la reglamentación europea.

En definitiva, ASAJA considera imprescindible que el MAPA ratifique el aplazamiento aprobado por Bruselas y sopese, mediante un riguroso estudio, la necesidad de poner en marcha esta identificación. Al mismo tiempo, solicitamos que se paralicen todas las actuaciones iniciadas al respecto, en tanto en cuanto la Unión Europea no tome una decisión definitiva.

De otro modo, se incurriría en una grave discriminación hacia los ganaderos españoles que tendrían que soportar un incremento de costos de producción en relación al resto de ganaderos europeos.