Sevilla, 19 de octubre de 2006.- Los calamones -especie protegida pese a ser muy abundante en el entorno de Doñana donde se han contabilizado hasta 15.000 ejemplares- y en menor medida los ánsares, las garcillas bueyeras, las garzas reales, las garzas imperiales, los moritos, los ánades y las cigüeñas causan gravísimas pérdidas a los arroceros del entorno de Doñana, sin que hasta la fecha ninguna administración haya hecho nada por evitarlo, ni por compensar a los agricultores por los daños causados.

Pese a que la Ley 8/2003 de 28 de octubre de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía recoge la posibilidad de compensar a los agricultores y ganaderos por los daños causados por la fauna silvestre a sus cultivos o su ganado (Tit.1; Cap.1; Art. 17.5), los ganaderos y agricultores andaluces no cuentan con ningún tipo de indemnización para compensar los daños que provocan los calamones en el arroz, las grullas en las dehesas o los meloncillos en las fincas cinegéticas.

Desde ASAJA-Andalucía hemos denunciado esta situación ante la Consejería de Medio Ambiente, la administración competente, a la que hemos pedido que desarrolle algún sistema de compensación de los daños similar al que ya han desarrollado en otras comunidades autónomas para indemnizar a los agricultores cuyas cosechas resulten dañadas por la fauna silvestre protegida, tal como ocurre en Castilla-León y Cantabria, donde los ganaderos que sufren bajas en sus rebaños a causa de la acción de los lobos, son automáticamente compensados; y en Asturias, donde se produce un caso similar con los osos; y en Valencia, comunidad también arrocera en donde al igual que en Andalucía los calamones provocan pérdidas a los arroceros, pero donde los agricultores, tras la correspondiente inspección de campo y comprobación de daños, son inmediatamente indemnizados.

En Andalucía la única vía que tienen los afectados para resarcirse de los daños es la de acudir a la vía judicial y entablar un largo contencioso con la Administración. Procesos que en la mayoría de los casos han sido favorables para los afectados, pero que resultan sumamente costosos, largos y farragosos, por lo que en un estado de derecho y con una Ley en vigor que marca la posibilidad de articular un sistema de indemnizaciones la vía judicial no debería ser el cauce habitual.

Desde ASAJA entendemos que debe ponerse fin a esta discriminación y la Administración medioambiental andaluza ha de asumir sus responsabilidades, ello redundará en el beneficio de todos, incluidas las propias especies protegidas. Así, ASAJA trasladó ayer esta preocupación al Comité regional de Flora y Fauna del Consejo andaluz de Biodiversidad que decidió elevarlo a la próxima reunión del Pleno del Consejo.

Por otra parte, desde ASAJA-Andalucía instamos también a las ministras de Agricultura y Medio Ambiente, de visita hoy en Sevilla, a que se interesen por este problema y contribuya a ofrecer una solución que resuelva la discriminación que ahora padecen agricultores y ganaderos andaluces.